México, D. F. a 10 de febrero de 2011.- En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro ProDH, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), JASS, Servicios y Asesorías para la Paz, Association for Women's Rights in Development (AWID), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIl) denunciaron la nula voluntad del Estado mexicano para cumplir con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
En los dos fallos, puntualizaron, el Tribunal Interamericano determinó la responsabilidad internacional de México por la violación sexual de ambas mujeres indígenas Me’phaa, cometida por soldados del Ejército mexicano en el 2002. La Corte estableció también, que dichas violaciones constituyeron actos de tortura y que las investigaciones, al ser conducidas en el fuero militar, estuvieron viciadas por la falta de imparcialidad del ministerio público castrense. En tal virtud, manifestaron, dicho Tribunal ordenó al Estado que investigue las violaciones en el fuero civil, que reconozca públicamente su responsabilidad, y que adopte medidas para que hechos tan graves no vuelvan a repetirse.
No obstante, las organizaciones señalaron que habiendo transcurrido más de cuatro meses desde que las sentencias fueron dictadas, México no ha mostrado con hechos concretos que pretenda cumplir las sentencias, como es su obligación. La coordinación del cumplimiento de las sentencias a cargo del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, y de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no muestra ningún avance.
Así, destacaron que las investigaciones permanecen en el fuero militar aún cuando la Corte IDH señaló expresamente que se trata de una instancia incompetente para investigar violaciones a los derechos humanos y, señaladamente, la violación sexual de una civil cometida por elementos castrenses. La remisión de los expedientes al fuero civil, siendo una medida elemental de cumplimiento inmediato, no se ha materializado, lo que muestra la creciente debilidad de las autoridades civiles frente a sus pares militares...
En los dos fallos, puntualizaron, el Tribunal Interamericano determinó la responsabilidad internacional de México por la violación sexual de ambas mujeres indígenas Me’phaa, cometida por soldados del Ejército mexicano en el 2002. La Corte estableció también, que dichas violaciones constituyeron actos de tortura y que las investigaciones, al ser conducidas en el fuero militar, estuvieron viciadas por la falta de imparcialidad del ministerio público castrense. En tal virtud, manifestaron, dicho Tribunal ordenó al Estado que investigue las violaciones en el fuero civil, que reconozca públicamente su responsabilidad, y que adopte medidas para que hechos tan graves no vuelvan a repetirse.
No obstante, las organizaciones señalaron que habiendo transcurrido más de cuatro meses desde que las sentencias fueron dictadas, México no ha mostrado con hechos concretos que pretenda cumplir las sentencias, como es su obligación. La coordinación del cumplimiento de las sentencias a cargo del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, y de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no muestra ningún avance.
Así, destacaron que las investigaciones permanecen en el fuero militar aún cuando la Corte IDH señaló expresamente que se trata de una instancia incompetente para investigar violaciones a los derechos humanos y, señaladamente, la violación sexual de una civil cometida por elementos castrenses. La remisión de los expedientes al fuero civil, siendo una medida elemental de cumplimiento inmediato, no se ha materializado, lo que muestra la creciente debilidad de las autoridades civiles frente a sus pares militares...
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