Gobierno mexicano responsable de la desaparición forzada de personas

30/05/2011
 

En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, este Centro de Derechos Humanos se suma a la exigencia por la aparición con vida de las personas desaparecidas forzosamente en el mundo, en el continente latinoamericano, en México y en Chiapas durante el conflicto armado interno aún no resuelto donde, a través de una guerra de baja intensidad, el Estado mexicano resulta responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

La práctica de la desaparición forzada de personas, como lo establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, constituye un Crimen de Lesa Humanidad, puesto que implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los tratados internacionales como son el derecho a la vida; a la libertad personal; a la integridad personal; a la seguridad personal; a tener personalidad jurídica; protección judicial y garantías judiciales.

En Chiapas, durante el periodo más álgido del conflicto armado interno, la desaparición forzada de personas era una práctica común y, en el periodo que va de 1995 a 2001, este Centro de Derechos Humanos tiene documentado en la zona Norte del estado la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres por el actuar del grupo paramilitar “Desarrollo Paz y Justicia” (Paz y Justicia) cuyas acciones respondían a un plan de contrainsurgencia vigente desde 1994, con la finalidad de acabar con las Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y sus simpatizantes. En ese entonces Paz y Justicia actuaba en contra de la población civil en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón, Salto de Agua y se caracterizó por la violencia utilizada a través de emboscadas, desplazamiento forzado, desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, torturas, la cual fue denunciada reiteradamente en su momento por este Centro de Derechos Humanos.

En una política contrainsurgente, similar a la descrita anteriormente, el 13 de noviembre de 2006, en Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, la comunidad fue emboscada por civiles armados identificados como Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos.

(OPDDIC) acompañados por 300 elementos de la seguridad pública, resultando el asesinato de cuatro personas y la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López, también conocido como Juan Peñate Montejo.

En este escenario, cabe resaltar que en el ámbito internacional el Estado mexicano figura como uno de los principales impulsores de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otros instrumentos internacionales en la materia. Lo paradójico es que ha realizado reservas muy claras en cuanto al fuero militar, por lo que a través de éstas, sigue permitiendo violaciones a derechos humanos perpetradas por efectivos militares, además de haber cerrado la fiscalía especial para investigar los crímenes del pasado y no efectuar las investigaciones adecuadas por la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez integrantes del Ejército Popular Revolucionario; así como mantener en la impunidad las desapariciones forzadas de las personas migrantes que cruzan el territorio mexicano.

Con respecto a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el gobierno mexicano estableció como reserva el no reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas, sus familiares o representantes. Esta decisión es incompatible con la naturaleza misma del tratado y deja ver nuevamente la falta de voluntad política para emprender acciones reales para abatir y erradicar dicha práctica.

Lo que hemos constatado, a través de los casos de desaparición forzada de personas que ha documentado este Centro de Derechos Humanos, el gobierno mexicano, no respeta, ni protege, ni garantiza, en el ámbito nacional, los derechos humanos que ratifica ante la comunidad internacional, lo cual demuestra la ineficacia del sistema de justicia y la falta de voluntad a encontrar el paradero de las víctimas de estos hechos de crímenes de lesa humanidad.

Ante la situación anteriormente descrita, exigimos la aparición con vida de: o Amado Gómez Torres, desaparecido forzadamente el 7 de mayo de 1996, en Unión Juárez, Sabanilla.

FUENTE

Posicionamiento REDIM - OSC. Exigimos al Estado Mexicano y sus Gobiernos Estatales, frenar los operativos de limpieza social en contra de las poblaciones callejeras.‏

Exigimos al Estado Mexicano y sus Gobiernos Estatales, frenar los operativos de limpieza social en contra de las poblaciones callejeras.

La Red por los derechos de la infancia en México y la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, queremos manifestar nuestra preocupación por los operativos de limpieza social que se han venido realizando en los Estados de Jalisco, Chiapas, Veracruz, Chihuahua y Cd. de México, intensificándose en las últimas semanas, teniendo como argumento que este tipo de prácticas se encuentran en el marco de proyectos de alto nivel de remozamiento del entorno urbano, que dan respuesta a la demanda vecinal y de los empresarios de la zona y que generan espacios “seguros”, al quedar libres de niños trabajadores y poblaciones callejeras.

En el mismo sentido, argumentando políticas de protección a la infancia, el DIF nacional en el marco de su programa denominado “De la Calle a la vida”, los DIF estatales, llevan a cabo programas locales en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública y la Policía Preventiva con lo cual han instrumentado directamente levantamiento de la población, actos intimidatorios, destrucción de sus casas y pertenencias, amenazas a los padres de los niños de perder la patria potestad, llamados a la población para que denuncie si ve alguna persona menor de edad trabajando o pidiendo dinero en las calles. Estas acciones criminalizan a niños, niñas y en general a las poblaciones callejeras.

Los operativos realizados contravienen los derechos de la infancia, que lejos de atender bajo este enfoque y con la profundidad necesaria los problemas que pretenden combatir, entre otros la pobreza y la profunda exclusión social de los niños y niñas que viven o trabajan en la calle, estas propuestas generan un círculo de exclusión al provocar discriminación social y criminalización de las familias más vulneradas en sus derechos humanos.

Más de cinco décadas de atención al fenómeno callejero en América Latina demuestran que las políticas de encierro o de retiro forzado de niños, niñas y adolescentes de las calles sólo constituyen acciones inmediatistas que impiden un proceso de restablecimiento de la cohesión social. Los programas más exitosos a nivel internacional son aquellos que parten de la desincorporación gradual de la calle para ofrecer nuevas posibilidad de acceder voluntariamente a espacios alternativos como parte de un proceso de inclusión, interlocución y de formación para la infancia.

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado enfáticamente que el Estado tendría que promover programas de vinculación a la escuela y de desvinculación progresiva de la calle, así como programas contra la explotación laboral de niños y niñas. Los operativos implementados no cambian las raíces económico-sociales de las poblaciones y que pueden incluso fomentar la corrupción de autoridades. Tales medidas son una oportunidad para que se legitime la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras y quienes trabajan en las calles.

El Estado mexicano firmó y ratifico con carácter vinculante la Convención de los Derechos del Niño (CDN) que desde el artículo 133 de la Constitución Mexicana obliga a todos los gobiernos a reconocerla como ley por encima de las normativas federales y estatales. Las prácticas de limpieza social impulsadas por los gobiernos de los Estados señalados anteriormente, violan distintas disposiciones de esta ley, específicamente los derechos a la supervivencia y al desarrollo (art. 6 de la CDN), a la no discriminación (art. 2), a la participación en los temas que les afectan (art. 12), el principio del interés superior del niño (art. 3), el derecho a una vida libre de violencia (art. 19). En el caso de niños y niñas que viven y/o trabajan en la calle con su familia, la iniciativa puede generar además la violación de su derecho a la familia y a no ser separados de sus padres (art, 5, 9, 18), y al Art. 23 de la Ley federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que dice textualmente: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. 

La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de la pérdida de la patria potestad”. En el caso de la Ciudad de México, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en su línea 2022 indica “Identificar las prácticas discriminatorias y evitar los retiros forzados… de la población callejera…”.

Asimismo, recordamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los Casos “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala y Marco Antonio Servellón y otros vs. Honduras, en los cuales la Corte condenó no sólo “la práctica sistemática de la violencia contra niños en situación de riesgo”, sino la doble agresión de la cual los niños son objeto en este caso: por una parte por su situación de pobreza, porque no se benefician de la debida protección del Estado garantizando el “desarrollo completo y armonioso de sus personalidades”; y porque el Estado ha violado sus integridades físicas, psicológicas y morales, e incluso sus vidas con sus prácticas u omisiones.

Por tales motivos, y en virtud de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, exigimos:

• El reconocimiento de las poblaciones callejeras y de infancia trabajadora como sujetos de derechos.
• Que se eliminen los operativos de limpieza social y se retome el espíritu de Garante de los Derechos y de Protección que el propio Estado a través de los diversos organismos y secretarias, está obligado a cumplir aplicando estrategias integrales de atención a la infancia bajo el enfoque de derechos.
• Se debe reconocer la deuda histórica del Estado Mexicano con esta población excluida socialmente, por lo que toda acción pública debe partir en su diseño y aplicación de los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, la consulta con expertos en el tema, así como un presupuesto claramente diferenciado para esta población.
• Es necesario desarrollar estrategias, sustentadas en el principio rector de la No Discriminación, para sensibilizar a la sociedad, a los líderes de opinión y funcionarios públicos de todo nivel para el tratamiento adecuado de este fenómeno social, superando las falsas creencias y estereotipos negativos que sustentan la discriminación, la violencia y las acciones de limpieza social.
• Realizar campañas nacionales, estatales y municipales de promoción de la Convención de los Derechos del Niño, para facilitar el tránsito de las miradas tradicionales que limitan el derecho de participación de la infancia callejera, con la finalidad de alcanzar el reconocimiento de niños y niñas como ciudadanos con igualdad de derechos.
• Exigimos el desarrollo de alternativas diferenciadas por núcleos de población, con especial énfasis en las problemáticas de la infancia indígena y migrantes a las áreas urbanas.
• Cualquier iniciativa pública con población callejera debe garantizar espacios de coordinación y concertación entre los programas gubernamentales, sociedad civil, y fundamentalmente se priorice la participación de las poblaciones callejeras.
• Es urgente la programación de presupuesto etiquetado para atender la complejidad de las poblaciones callejeras con el fin de garantizar su inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos.

Como organizaciones de la sociedad civil que promovemos un movimiento social y cultural de promoción y defensa de los derechos de la infancia, estamos en la disposición de compartir nuestra experiencia para el desarrollo de leyes, políticas públicas y programas que generen inclusión y formación para las poblaciones callejeras y la infancia trabajadora en el marco de los Derechos Humanos.

Atentamente

Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras
CIDES, IAP (Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social)
Ednica, IAP
El Caracol, A. C.
MAMA, A. C.
MATRACA, A. C.
Melel Xojobal, A. C.
Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM)

México, D. F. a 26 de Mayo del 2011

LEY DE MIGRACIÓN-MÉXICO

MÉXICO, 25 de mayo, 2011

PRIMERA SECCIÓN
 
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Decreto por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, y de la Ley General de Turismo

Convenio de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Aguascalientes

Convenio de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Michoacán de Ocampo

Convenio de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de San Luis Potosí

Convenio de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial, que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Estado de Tamaulipas

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat, Vertiente Centros Históricos, del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, que suscriben la Secretaría de Desarrollo Social, el Estado de Oaxaca y el Municipio de Oaxaca de Juárez de dicha entidad federativa

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Acuerdo por el que el Titular de la Comisión Nacional del Agua delega atribuciones a los directores de las Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua, para suscribir convenios de coordinación con los estados, respecto del Programa de Cultura del Agua

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Convenio de Coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, que celebran la Secretaría de Economía y el Estado de Puebla

Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-F-284-SCFI-2011, PROY-NMX-F-297-SCFI-2011, PROY-NMX-F-305-SCFI-2011, PROY-NMX- F-316-SCFI-2011 y PROY-NMX-F-392-SCFI-2011

Aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-F-499-SCFI-2011, PROY-NMX-F-501-SCFI-2011, PROY-NMX-F-503-SCFI-2011, PROY-NMX- F-504-SCFI-2011 y PROY-NMX-F-526-SCFI-2011

Aclaración a la Resolución por la que se modifican los numerales 2, 3, 4.2, 4.15, 4.19, 4.33, 4.38, 4.45, 4.46, 4.48, 4.55, 4.57, 4.59, Apartado 9 Información Comercial y 11 de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado- Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba, publicada el 12 de septiembre de 2003

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de México

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Nuevo León

Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable que celebran la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el Estado de Tabasco

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

BANCO DE MÉXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio
Indice nacional de precios al consumidor quincenal
Valor de la unidad de inversión
Costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CPP)
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP)
Costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS)

ENTIDADES FEDERATIVAS

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Decreto por el que se confirma la determinación de utilidad pública y se expropia a favor del Sistema de Transporte Colectivo, el predio particular identificado registralmente como predio número 6056 de la calle Emilio Carranza (Calzada México Tláhuac), colonia Ex Hacienda San Nicolás Tolentino, Delegación Tláhuac, Distrito Federal; actualmente conocido como Avenida Tláhuac número 6056, Barrio Santa Ana Poniente, Delegación Tláhuac, en México, Distrito Federal, para la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (Línea Dorada), con superficie de 4,633.02 metros cuadrados de terreno 1,640.91 de construcción


SEGUNDA SECCIÓN
 
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Anexos 4, 7, 9, 10, 11 y 14 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 24 de mayo de 2011

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA

Resolución que declara como terreno nacional el predio El Progreso, expediente número 739190, Municipio de Puerto Peñasco, Son.
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Progreso Fracción B, expediente número 739190, Municipio de Puerto Peñasco, Son.
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Olvidado, expediente número 739191, Municipio de Puerto Peñasco, Son.
Resolución que declara como terreno nacional el predio La Martineña, expediente número 739206, Municipio de Santa Ana, Son.
Resolución que declara como terreno nacional el predio El Limonar, expediente número 739203, Municipio de Balancán, Tab.
Resolución que declara como terreno nacional el predio Lote 118-A, expediente número 739193, Municipio de Minatitlán, Ver.
Resolución que declara como terreno nacional el predio Lote No. 116 FG, expediente número 739195, Municipio de Minatitlán, Ver.
Resolución que declara como terreno nacional el predio Dzitnup, expediente número 738827, Municipio de Chemax, Yuc.

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Manual General de Organización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación


TERCERA SECCIÓN

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE SALUD

Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Baja California
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de transferencia de recursos, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Yucatán

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Acuerdo A/042/11 por el que se reforma y adiciona el Acuerdo Específico A/250/10 por el que se ofrece recompensa a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización, detención o aprehensión de la persona que en el mismo se indica, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS

COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Durango, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena
Acuerdo de Coordinación para atender el Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Estado de Chiapas
Acuerdo de Coordinación que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Municipio de La Concordia, Chiapas, en el marco del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena


AVISOS JUDICIALES Y GENERALES

Acceso por búsqueda avanzada

CONVOCATORIAS PARA CONCURSOS DE PLAZAS VACANTES DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

FUENTE-Diario Oficial

Los Derechos Humanos no son objeto de negociación política

El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH) saluda con alegría la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias, que permite el retorno del ex Presidente Constitucional Manuel Zelaya Rosales a nuestro país. 

Al mismo tiempo reprocha el lenguaje acuñado por la oligarquía golpista en el texto del Acuerdo referido a los derechos humanos como instrumento político de “reconciliación”, evidencia de su vieja práctica negociadora.

“Admitiendo que durante la crisis política ha habido personas que estiman haber sido afectadas por la vulneración de sus derechos humanos, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se compromete a atender sus denuncias, y así coadyuvar a la reconciliación de la sociedad hondureña en un marco de garantías verificables (…) y a la espera del apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unida”, dice el texto oficial firmado ayer.

Los términos utilizados reflejan dudas, ironías, intenciones y evasiones propias de la misma élite político-militar que intentó sepultar en el olvido las desapariciones forzadas en los años ochenta y vender un discurso utilitario de los derechos violados a la comunidad internacional. 

Al comenzar la década de los años 90´s los mismos ex presidentes  - Rafael Callejas, Ricardo Maduro y Carlos Flores, que auditaron el texto del Acuerdo de Cartagena – repetían la necesidad de dejar atrás el pasado y ponerle fin a la “noche oscura de las desapariciones”.

Era la forma suigéneris de escapar a sus propias responsabilidades, algunos de ellos, como integrantes de la Asociación para el Progreso de Honduras (APROH), que inspiró y financió la represión contra la disidencia política e ideológica de entonces, que nos mantiene en luto.

No tenemos dudas que el ex presidente Zelaya acuñó con absoluta buena fe en el Acuerdo de Cartagena la urgencia de investigar las violaciones a los derechos humanos derivadas del golpe de Estado hasta nuestros días, reparar los daños causados a las víctimas y sancionar a los responsables.

Pero dudamos absolutamente del golpismo que controla las fuerzas represivas que, a su vez, sostienen un Estado frágil, que falla en derrotar con legalidad y justicia el enorme monstruo de la impunidad.

La duda es aún más auténtica cuando, mediante el Acuerdo, el régimen impone el reconocimiento de la “Secretaria de Justicia y Derechos Humanos como entidad que permita fortalecer las capacidades nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos en Honduras”.

Este Comité no observa hábitos, prácticas ni políticas que hagan suponer que la institución referida marque una diferencia siquiera mínima al interior del Estado respecto al estatal Comisionado de Derechos Humanos, deslegitimado a sí mismo por su parcialidad con la violencia institucional en contra de la población.

Cerca de nosotros permanecen aún la huelga de hambre indefinida de cinco educadores por violación a sus derechos sociales y económicos; centenares de familias campesinas en la zona del Aguán asechadas por fuerzas legales y clandestinas en contra de su vida y la tierra. Y un promedio de más de 16 personas muertas en forma violenta, cada día en todo el país, en total impunidad.

Por tanto, exhortamos a la población a continuar utilizando los servicios de acceso a justicia en cualquier dimensión local e internacional que merezca su confianza y respeto, mientras el pueblo hondureño reconstruye la institucionalidad perdida del Estado de Derecho.

De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón

Tegucigalpa, Honduras, 23 de mayo de 2011

FUENTE

Tipifican lesiones y crímenes de odio por homofobia en el código penal federal - Agenda LGBT

20 de Mayo de 2011

Ante el incremento de ataques por homofobia y la persistencia del prejuicio entre la población contra la comunidad LGBT, registrados y documentados por el Conapred, a los que se suman los asesinatos de nuestros compañeros Barbara Lezama de Puebla y Quetzalcoatl Leija en Guerrero, hemos acelerado nuestra incidencia ante el Senado de la República, por ello, el Senador Ricardo Monreal presentó en  tribuna el 18 de mayo el proyecto de reformas al código penal federal que tipifican las agresiones y crímenes de odio por homofobia.

Estas reformas se han turnado a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera del Senado quienes las deberán aprobar a fin de que se voten en el pleno lo que ocurrirá una vez que reinicie el periodo en el mes de Septiembre próximo. Estaremos atentos para exigir al Senado esta aprobación.

Por su parte CENSIDA reconoce que “Los adolecentes que son víctimas de acoso escolar (bullying) y que son percibidos por los demás como homosexuales o lesbianas sufren las agresiones más violentas e incluso son más propenso al suicidio…” por ello, continuamos insistiendo ante el titular del poder ejecutivo Felipe Calderón, UN PLAN NACIONAL CONTRA  LA HOMOFOBIA, y que se derogue el decreto promulgado para el 17 de Mayo que establece el “Día de lo tolerancia y el respeto a las preferencias” para instituir el 17 DE MAYO DIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA y se implementen acciones efectivas desde los tres órdenes de gobierno.

Nos congratulamos por la declaración del Congreso del Estado de Chihuahua para instituir el 17 de Mayo como el “Día Estatal contra la homofobia” y exigimos que el Gobernador del Estado, César Duarte decrete sin el acuerdo respectivo.

 

Saludamos el trabajo de nuestros compañeros en el Estado de México, con quienes hemos colaborado para  lograr que el 19 de mayo del 2011, la Comisión Permanente del Congreso del Estado, estableciera un punto de acuerdo para decretar el 17 de Mayo como Día estatal de lucha contra la homofobia y exigimos al gobernador Enrique Peña Nieto se decrete su entrada en vigor.

FUENTE

Director del Centro de Integración Social "Xicoténcatl" responsable de violación y abuso sexual contra niñas

 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 18 de mayo de 2011

Comunicado Conjunto

Director del Centro de Integración Social “Xicoténcatl”  responsable de violación y abuso sexual contra niñas 

Riesgo a la integridad y seguridad personal de las niñas y niños del Centro de Integración Social “Xicoténcatl” .

Las organizaciones abajo  firmantes, manifiestan su preocupación por  la  integridad personal de  las niñas y niños del Centro de  Integración Social No. 30  “Xicoténcatl”, ubicado en San Cristóbal de Las Casas, por  los hechos ocurridos los días pasados, donde tuvimos conocimientos que el director de la escuela Manuel Gutiérrez Gómez, según acusación de una niña, es responsable de violación sexual, además de otras violaciones y abusos sexuales cometidos contra otras niñas hospedadas en el Centro.

Por los sucesos el viernes 13 de mayo de 2011, el director Manuel Gutiérrez Gómez, fue detenido y actualmente se encuentra recluido en el Centro para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14, “El Amate”.

De acuerdo a  los testimonios recuperados de  las y  los alumnos del Centro,  la violación y abuso sexual de estas niñas es una expresión más de la violencia, que durante años ha sido ejercida por parte del director, el subdirector Marcos Ruiz Gómez y la planta docente de la escuela. Expresión de ello es que desde el momento de la denuncia, las 170 niñas y niños del plantel están siendo amenazadas por autoridades escolares, así como por miembros del Comité de Padres de Familia para que “ya no digan nada o se atengan a las consecuencias”. 

Al día de hoy, dos de las niñas abusadas sexualmente se encuentran con sus familias y una otra niña se encuentra en un albergue bajo  la tutela del programa Desarrollo Integral de  la Familia (DIF-Chiapas) mientras se  localiza a sus padres. El resto de las niñas y niños permanece en el Centro bajo la vigilancia del supervisor Manuel GómezSánchez  y  la  responsabilidad  de  los maestros  y  del  subdirector  quienes,  lejos  de  coadyuvar  a  esclarecer  los hechos,  les siguen amenazando con expulsarlos del plantel,  interrumpir sus estudios,  retener sus certificados y agredirles a ellos y a sus  familiares. Además se obstruye  las salidas de  las niñas y niños acompañadas por sus madres.  

Por  los hechos ocurridos nos preocupan  las violaciones a derechos humanos perpetradas contra  las niñas y que las autoridades correspondientes sigan sin tomar medidas para garantizar  la atención y seguridad de  las niñas y niños que asisten a este centro escolar,  lo que constituye un  riesgo a su  integridad personal y  representa una violación a sus derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Chiapas que en su artículo 19 apartado D, señala que “en  las escuelas o  instituciones similares,  los educadores o maestros serán responsables de evitar cualquierforma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes y que será  obligación  de  familiares,  vecinos,  médicos,  maestros,  trabajadores  sociales,  servidores  públicos,  o cualesquiera persona, que  tenga conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo  la violación de  sus derechos  consignados en esta  ley, en  cualquiera de  sus  formas, de ponerlo en  conocimiento inmediato a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente”.

Lamentablemente este no es el primer caso documentado en que docentes, aprovechándose de su posición de poder frente a niñas y niños, violentan sus derechos con total impunidad; y la única intervención aportada por las autoridades es reubicar a los perpetradores a otro centro escolar, que lejos de solucionar el problema, lo invisibiliza y pone más en riesgo las víctimas.   

Con base en  la Convención sobre  los Derechos del Niño,  la Ley para  la Protección a Víctimas del delito en el estado de Chiapas y la Ley para la Protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de Chiapas exigimos:

1.  Se investiguen los hechos y se castiguen a los responsables por acción y omisión sobre lo ocurrido en el

Centro de Integración Social “Xicoténcatl”; 

2.  Se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad personal de las niñas, niños

alumnos de la escuela; 

3.  La  destitución  de  los  directivos  del  plantel  y  la  separación  del  personal  docente  de  sus  actividades mientras  se  investiga  lo  sucedido, como una medida para  restablecer  la seguridad  y protección de  los derechos de todas y todos los estudiantes de la escuela.  

4.  Se informe a todos los padres y madres de familia sobre los hechos y se les brinde información sencilla y

precisa sobre las instancias responsables de la procuración de justicia.

5.  La  intervención  inmediata  de  las  autoridades  educativas  para  detener  y  prevenir  todas  las  formas  de violencia al interior del plantel siendo la escuela un espacio que debe promover el respeto a los derechoshumanos y al desarrollo armónico e integral de las niñas, niños y jóvenes. 

Atentamente,

Melel Xojobal A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C

Red Por los Derechos de la Infancia (REDIM)

Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.

Skolta’el Yu’un Jlumaltic, AC (SYJAC)

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, A.C. (INICIA)

Desarrollo Educativo Sueniños A.C.

FUENTE

Caso niña salvadoreña: reflejo del abuso contra migrantes

OSC exigen castigo para cómplices de violación

 

 Por Gladis Torres Ruiz  
México, DF, 16 de Mayo de 2011 (CIMAC)

 

 

Se perpetúa la impunidad en Chihuahua en el caso de niñas y mujeres víctimas de violencia sexual; la semana pasada el gobierno de la entidad liberó y repatrió a al menos dos de los responsables de haber violado de manera tumultuaria a una niña migrante salvadoreña de ocho años de edad.
 
La Fiscalía estatal declinó la investigación con el argumento de que no estaba probado que el delito “se hubiera realizado en Chihuahua”, a pesar de que la niña en su denuncia relató que todos la abusaban y que incluso “le picaban con una aguja para que abriera las piernas”.

El caso de la niña salvadoreña, quien fue violentada sexualmente por el pollero (tratante de personas) y dos hombres más que la trasladaban a Los Ángeles, California, en su trayecto para reunirse con su madre, es reflejo de la violencia a la que se exponen miles de niñas y niños que desde Centroamérica atraviesan territorio mexicano, para reencontrarse con sus familias en Estados Unidos.

RUTA DE LA IMPUNIDAD

México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 5 mil 771 niñas y niños centroamericanos fueron repatriados desde México a sus países de origen.

Tras diversos abusos por parte del gobierno de Chihuahua, la niña ya se encuentra con su familia luego de que se le otorgó una visa humanitaria. Cabe aclarar que las autoridades mexicanas pretendieron en un inicio repatriar a la menor de edad nuevamente sola.

En entrevista con Cimacnoticias, Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y representante legal de la víctima, aseguró que éste fue un gran triunfo, digno de celebrase y es un logro de la abuela de la niña y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Los Ángeles, el Cedehm y Justicia Para Nuestras Hijas.

Sin embargo, afirmó que el caso no termina aquí ya que como representante legal de la niña, la madre y la abuela seguirán la denuncia contra sus agresores y se encuentran en espera del expediente a fin de confirmar si hay una persona detenida por el delito y si son realmente dos los hombres repatriados a El Salvador y que estuvieron involucrados en los hechos.

IMPUNIDAD

Cabe destacar que la Fiscalía estatal no investigó y declinó el caso bajo el argumento de que no estaba probado que el delito “se hubiera realizado en Chihuahua” sin tener pesquisa alguna que probara que efectivamente los hechos no ocurrieron en la entidad.

El estado de Chihuahua incurrió en responsabilidad al no entregar de inmediato la custodia a la abuela de la niña, violentando sus Derechos Humanos (DH).

El caso fue denunciado por el Cedehm. Luz Estela Castro explicó en su momento que la madre de la menor de edad huyó de la violencia y la pobreza de su país natal, dejando a su hija al cuidado de sus abuelos maternos.

En entrevista telefónica, Lourdes Rosas, coordinadora del área de Capacitación y Difusión del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, del estado de Chiapas, señaló que muchas de las mujeres migrantes centroamericanas que llegan a México para cruzar a EU, huyen de la violencia de género que padecen en sus países mientras que las niñas lo hacen por que van a reunirse con sus familiares.

Mujeres salvadoreñas han denunciado que huyen de la violencia que se ejerce contra ellas, ya que eran agredidas por sus parejas y ex parejas que pertenecen a la mara salvatrucha -organización transnacional de pandillas-.

En el caso de la niña agredida sexualmente, una pandilla de maras se enteró de que su madre estaba en EU y empezó a solicitar “cuotas” a los abuelos maternos para no dañar a la menor de edad.

La madre, temiendo algún secuestro de su niña, contactó a una persona del pueblo, pidió un préstamo para pagar 7 mil dólares al pollero para trasladar a su hija hasta Los Ángeles.

La niña inició su viaje y cuando estaba cerca de la frontera con EU pidió ayuda a una mujer, quien denunció la violencia sexual contra la menor de edad. La salvadoreña fue trasladada a las instalaciones del DIF Chihuahua y se pretendía fuera repatriada nuevamente sola.

El Cedehm documentó que las autoridades mexicanas abrieron una averiguación parcial sobre el caso, deteniendo “sólo a una persona” por el delito de violación y que inexplicablemente decidieron liberar y repatriar a algunos de los responsables.

La abuela de la niña llegó a la ciudad de Chihuahua para recuperar a su nieta pero las autoridades estatales no atendieron su petición. Fue hasta el 12 de mayo que junto con integrantes del Cedehm y Justicia para Nuestras Hijas participó en una reunión de alto nivel en la que se acordó que el gobierno mexicano entregaría una visa humanitaria a la niña y daría la custodia definitiva a su abuela.

Castro aseguró que las organizaciones se sienten satisfechas y  felices por el resultado de este caso, y esperan que siente precedentes para garantizar los derechos de otras niñas y niños migrantes que deben cruzar nuestro país y que esperan la reunificación familiar.

La organización Sin Fronteras señala que México tiene la obligación legal y moral, derivada de la Constitución y de los tratados internacionales, de proteger a todas las personas que se encuentran en su territorio, incluyendo a las niñas y mujeres que carecen de un estatus migratorio regular.

Sin embargo, aún falta una interacción entre las leyes y programas  para brindar protección y atención a las niñas y mujeres. “Los cambios legislativos y de política pública requeridos y la extensión de los servicios legales y de salud a las mujeres migrantes no implican una inversión de gran cuantía pero tienen un gran significado para los derechos de las mujeres”, advierte la organización internacional.

FUENTE

Iniciará el cedehm protesta frente al Palacio de Gobierno, por el caso de una niña migrante que fue violada al intentar cruzar a USA.

11 de mayo de 2011
Chihuahua, Chih. México

Iniciará la Sra. Ana Girón, acompañada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) una protesta frente al Palacio de Gobierno del Estado, por el caso de una niña migrante de 8 años que fue violada al intentar la reunificación con su madre en Estados Unidos. 

 

Lucha Castro del CEDEHM, representará la legalmente a la niña y junto con la Sra. Ana Girón, abuela de Víctima, intentarán buscar la visa humanitaria para la menor y suspender su deportación.

 

La madre de V. huyó de la violencia y de la pobreza de su país, dejó a su menor hija al cuidado de sus abuelos maternos, una pandilla de maras se enteró que la madre de V estaba en Estados Unidos y empezó a solicitarles “cuotas” a los abuelos para no dañar a la menor, la madre temiendo algún secuestro de su niña, contactó a una persona del pueblo, pidió un préstamo para pagar 7 mil dólares como pago inicial que pagó al pollero para trasladar a su hija hasta los Ángeles.

Al igual que miles de niñas y niños, V. de tan sólo 8 años, inició un largo trayecto desde Centroamérica para reencontrarse con su familia. desde que su madre se fue, V. se quedó bajo el cuidado de su abuela quien la preparó psicológicamente para ser fuerte y poder recorrer miles de kilómetros para llegar con su madre. “Tienes que aguantar”, le decía, pero nunca imaginó por lo que su nieta pasaría.

En el camino, cuando estaba a sólo 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, V. pidió ayuda a una mujer y le contó los que los hombres con los que viajaba la habían obligado a hacer. La mujer llamó la policía y lograron rescatar a V. quien se encuentra actualmente en la Ciudad de Chihuahua, en el DIF estatal.

Las autoridades mexicanas abrieron una averiguación parcial sobre el caso, deteniendo solo a una persona, por el delito de violación que la niña denunció a pesar de que relató que todos la abusaban, incluso “le picaban con una aguja para que abriera las piernas”. En cambio, inexplicablemente decidieron liberar y repatriar a algunos de los responsables. 

 

La fiscalía de Chihuahua declinó la investigación con el argumento de que no estaba probado que el delito “se hubiera realizado en Chihuahua”

 

Al enterarse de la detención de la menor y su envío al DIF, la Sra. Ana Girón, abuela de V. que vive en Estados Unidos, llegó a Chihuahua con la custodia legal de su nieta, pero las autoridades sólo dejaron que hablara con ella durante 15 minutos; comenzaron a cuestionar sobre el numero de “maridos que ella tenía” señalando que ante la irresponsabilidad de los abuelos, procederían a tramitar la ciudadanía mexicana para la menor. 

 

Las autoridades Salvadoreñas, también han mostrado indolencia en este caso.

 

Hasta el día de hoy, el Estado Mexicano por medio de las autoridades migratorias, la PGR y la fiscalía del Estado, se han negado a permitir la reunificación familiar entre la niña y la abuela. Al CEDEHM le preocupa que las autoridades Federales y Estatales que tienen la responsabilidad de la menor, de Chihuahua continúen discriminando, criminalizando a las víctimas y prejuzgando a las madres con base en estereotipos de género. Evidencian además un desconocimiento sobre la feminización migratoria y sobre los procesos migratorios que son escalonados. 

 

Más Información

 

 

Ya no más - Aire Nuevo/Jóvenes en Movimiento Unidos por la Paz.

Pronunciamiento RedTDT Movilización por la Justicia con Paz y Dignidad

JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS: Momento de escuchar las demandas de la sociedad 4 de mayo de 2011 Boletín 06/2011

A lo largo de los últimos años, las organizaciones de derechos humanos hemos denunciado la persistente violencia que caracteriza amplias zonas del país, y  exigido ante las autoridades la necesidad de revisar la estrategia de seguridad implementada por la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa.  Hoy día, ante la creciente violencia a lo largo de todo el país, una vez más los ciudadanos y ciudadanas manifiestan su descontento y  reclamo de justicia. La violencia estructural e institucional ha reconfigurado la vida cotidiana de la población y ha puesto en mayor riesgo a las víctimas de delitos y sus familiares, víctimas de violaciones a los derechos humanos,  a los defensores y defensoras de derechos humanos y a toda la sociedad El pasado 28 de marzo  Morelos fue testigo de un nuevo acto de violencia que se suma a la larga lista de asesinatos y desapariciones documentadas en  todo el país. Ese día en Temixco fueron asesinadas seis personas, una de ellas el hijo del poeta Javier Sicilia. Este doloroso hecho ha dado lugar a la expresión del descontento de una familia afectada por la pérdida de uno de los suyos, así como la convocatoria para la marcha que arrancará en la ciudad de Cuernavaca y llegará el próximo fin de semana al zócalo de la ciudad de México. Junto con la convocatoria a la marcha llega también la propuesta de un Pacto Nacional por la Paz. Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” expresamos nuestro respaldo a esta marcha a la que se sumarán las defensoras y defensores que la integramos y quienes deseamos manifestar lo siguiente: El asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega debe ser investigado adecuadamente y castigado para garantizar el derecho a la justicia y de su familia a la verdad. Pero de igual manera se tiene que garantizar ese derecho a cada familia de las cuarenta mil personas asesinadas y otras miles desaparecidas. Saber su nombre, las circunstancias de su muerte y si existe evidencia de alguna vinculación con la delincuencia. No más acusaciones sin sustento, que se dignifique su memoria, que no se estigmatice a las víctimas de la violencia. Como sociedad tenemos el derecho a la verdad. Saber qué está pasando realmente y quiénes son los responsables de la impunidad rampante existente en el país. Impunidad es que haya cuarenta mil personas asesinadas y que el Estado no pueda castigar a cada uno de los responsables de esas muertes; impunidad es que las instituciones de seguridad y justicia estén el servicio de la delincuencia y no de la sociedad, impunidad es que no se investiguen los asesinatos y las desapariciones. Con todo ello se les niega a las familias su derecho de acceso a la justicia. Exigimos una rendición de cuentas por parte de las autoridades en los ámbitos federal estatal y municipal. La delincuencia organizada existe al amparo y la connivencia con el poder político y económico.  La actual situación no es responsabilidad de la sociedad sino de aquellos que han dejado que el dinero de la delincuencia se haga presente en las instituciones gubernamentales. ¡No más impunidad! Este nuevo esfuerzo ciudadano tiene el reto de trascender lo sucedido en las movilizaciones de 2004 y 2007, no puede quedarse en mesas de diálogo y pactos estériles. Esta es la  oportunidad de iniciar un diálogo ciudadanos, plural, serio incluyendo la perspectiva de derechos humanos  que obligue a diseñar y poner en práctica una estrategia para poner fin a la impunidad y garantizar seguridad para la sociedad y no para los gobiernos. La estrategia de guerra implementada por el gobierno federal, lejos de resolver este problema, lo ha incrementado. Las labores del Ejército en tareas de seguridad pública que no le corresponden, solo ha significado escalar la violencia. El clima de miedo y terror forma parte de una estrategia que busca paralizar a la sociedad, cuando únicamente con la participación ciudadana es posible conseguir un cambio, mediante políticas públicas que prioricen educación, cultura y empleo y no las que se fincan en medidas autoritarias y policiaco-militares.  Alto a un estado policiaco y militarizado. La justicia y el respeto a los derechos humanos no admiten demora a riesgo de terminar afectando a toda la sociedad. ¡No a la impunidad, sí a la justicia!   La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” se integra por 72 organizaciones en 22 estados de la República: Agenda LGBT (Distrito Federal);  Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua, Chih.); Centro de Derechos del Migrante (DF); Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Taltepeyolo (Tlilapa, Ver.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Ciudad Juarez, Chih.); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tab.); Centro Mujeres (Baja California Sur, BCS); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C.  (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C., (Guadalajara, Jal.); Instituto Mexicano de  Derechos Humanos y  Democracia (Distrito Federal), Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, -Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz- (Guadalajara, Jal.); Instituto de Derechos Humanos IgnacioEllacuría SJ (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Distrito Federal), Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Edo. de México), Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal) FUENTE

Ley de Migración viola garantías constitucionales de migrantes y mexicanos

03 de Mayo de 2011

• Organizaciones civiles, migrantes, académicos y activistas destacan la importancia de contar con un marco normativo respetuoso de los derechos humanos de las personas migrantes.

• Acuerdan que la muy esperada Ley de Migración contempla principios válidos que reconocen los derechos humanos de las personas migrantes.
• Señalan que sigue habiendo cambios urgentes que las y los diputados tienen que incluir para que la Ley no contradiga la Constitución mexicana.

El Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria destaca la importancia de contar con un marco normativo moderno en materia migratoria que sea constitucional, y no atente contra los artículos 1°, 11°, 16°, 17° y 21° de la Carta Magna que hacen referencia a no discriminación, igualdad, libertad de tránsito y acceso a la justicia.

En ese sentido hacemos un llamado a las y los legisladores para que reflexionen sobre la necesidad de tener una ley con estas características y se aseguren que ésta priorice los derechos humanos por encima de cualquier otro tema, que la adopción de esta normativa se apegue a los postulados del derecho internacional de los derechos humanos y que se de en un marco de pleno respeto a la Constitución Mexicana.

Recordamos que la propuesta aprobada en la Cámara de Diputados, en su conjunto, ratifica prácticas comunes ejercidas en México contra las personas migrantes que violan sus derechos humanos y son contrarias al marco constitucional. Entre ellas:

• Se sigue haciendo un vínculo inadecuado entre el tema migratorio y el de seguridad nacional.

• Persiste una alta discrecionalidad para la actuación de la autoridad encargada de implementar la Ley (artículos 31,32 y 38).

• Se mantiene la participación de la SSP y otras corporaciones en acciones de control y verificación migratoria (artículos 81, 96 y 105).

• No se elimina la realización de operativos y verificaciones domiciliarias sin orden judicial (artículos 81, 92, 95 y 97).

• Se establece la detención de personas migrantes en estaciones migratorias por plazos que exceden los legalmente permitidos por la Constitución.

• No se menciona el derecho que deben tener las y los migrantes  a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de una defensa, entre otros elementos fundamentales del debido proceso.

• No contempla ningún estatus migratorio para la población transmigrante, de modo tal que no contribuye de manera importante a prevenir y proteger contra los secuestros masivos a las personas migrantes

Exhortamos a y las los legislativos a concretar el calendario de reuniones que prometieron para trabajar en pos de una Ley que resuelva verdaderamente los problemas estructurales de la población migrante.

FUENTE

REDD, la brecha lacandona y nuevas formas de despojo

Silvia Ribeiro

Basados en un acuerdo entre los gobiernos de Chiapas y de California, con la colaboración de instituciones como El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y trasnacionales conservacionistas, avanzan en Chiapas los proyectos llamados REDD, que significan la privatización del aire de los bosques, despojando a las comunidades que los habitan de su derecho al territorio.

Para definir lo que se puede vender en indulgencias de carbono al gobierno de California y a las empresas contaminantes que lo sostienen, la administración chiapaneca intenta, como otras anteriores desde hace décadas, abrir una brecha en la Selva Lacandona que delimite la zona a comercializar, renovando agresiones y despojos a las comunidades indígenas. En marzo de 2011, funcionarios del gobierno estatal dijeron a la organización Justicia Ecológica Global (www.globaljusticeecology.org) que sólo les falta unir la brecha en la zona de las cañadas, donde hay comunidades zapatistas.

Justamente, el intento de demarcación en la zona lacandona hace cuatro décadas, a favor de uno de los siete pueblos indígenas que la habitan fue lo que motivó la creación de una unión de todos los otros pueblos de la región contra la brecha lacandona, resistencia entretejida con el origen del EZLN.

En 1971, el gobierno concedió 614 mil 321 hectáreas de selva a 66 comuneros lacandones (que no es su nombre original, ni son pobladores originarios de esa región), exacerbando el caos de sobreposición de títulos de tierra que ya existía en la región. Nunca se marcaron los linderos (la resistencia a la brecha lo impidió), pero desde entonces los lacandones son quienes firman el consentimiento a proyectos y contratos que les presenta el gobierno, sean madereros, turísticos o como ahora, REDD. Las otras comunidades fueron desplazadas o viven bajo amenaza permanente.

REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada de bosques) es supuestamente un programa para evitar la emisión de gases con efecto invernadero provocados por la deforestación, pagando con bonos de carbono a las compañías para que deforesten un poco menos. O a las comunidades, para que técnicos foráneos certificados les hagan un plan de manejo, que en la práctica significa que no pueden usar el bosque y pierden autonomía sobre el territorio.

Para las empresas es un tremendo negocio, porque pueden seguir contaminando y además revender parte de los bonos a un precio mayor a otras empresas. O sea, no les cuesta nada y burlan las leyes ambientales. El 7 de abril 2011, Greenpeace Internacional publicó el informe Bad influence denunciando cómo la consultora internacional McKinsey –que tiene larga historia de asesorar privatizaciones y ahora asesora a países que quieren conseguir dinero de REDD–, había hecho una base de cálculos falseados para los gobiernos de Guyana y Congo, para mostrar una perspectiva de deforestación futura mucho mayor que la real. De ese modo, podrían incluso aumentar la deforestación y además cobrar REDD, alegando que con ello deforestan menos de lo proyectado.

En el caso del pago a comunidades, en México hay ejemplos concretos del despojo que pueden producir estos esquemas, ya que los pagos por servicios ambientales forestales se basan en mecanismos parecidos. Con la excusa de pagarle una modesta suma a las comunidades para cuidar el bosque, en realidad se les despoja del manejo del territorio. En Oaxaca, hay casos donde al término del contrato de pago por servicios ambientales (cinco años), el gobierno decretó sus territorios áreas naturales protegidas o áreas prioritarias para servicios ambientales, extendiendo por 30 años los contratos, contra la voluntad de la comunidad. No pudiendo usar su bosque, que es el sustento de sus medios tradicionales de vida, tienen que irse para sobrevivir, aunque siguen teniendo los títulos de propiedad.

Es parte de lo que se pretende hacer en las selvas y bosques de Chiapas: vender a trasnacionales el carbono que absorben los bosques y para dar garantías a este negocio, desalojar a las comunidades del bosque, idealmente desplazándolas para engrosar otro negocio del gobierno: las llamadas ciudades rurales sustentables. Ya desplazados y desarraigados, sin servicios ni medios de vida, la generosa oferta del gobierno de Chiapas es que sean peones en las plantaciones para biocombustibles.

Los proyectos REDD en México no están formalmente definidos como tales, pero el gobernador Juan Sabines ya comenzó a pagar a selectos comuneros para mostrar su voluntad de crear una buena base para los negocios de las trasnacionales californianas, con recursos públicos. Necesita además cumplir con requisitos técnicos, como crear una línea base de cobertura vegetal y una proyección de cambios futuros en el uso de suelo y la biomasa, para luego poder decir que hubo menos deforestación, o por la razón que sea, que se absorbe carbono. En esas maniobras le asisten instituciones como Ecosur y el Colegio de Posgraduados, además de un comité REDD+ nacional, donde está Conafor, Conabio, Semarnat y otros entes del gobierno federal, con comerciantes de carbono y organizaciones conservacionistas que promueven negocios con la biodiversidad.

Para definir la capacidad de retención de carbono, se están usando tecnologías satelitales combinadas con fotografías hiperespectrales y monitoreo directo de algunas zonas (para lo cual ya están entrenando comuneros). Se obtienen así resultados muy definidos, no sólo de fauna y flora sino también de los humanos que están allí, lo cual es toda una base para vigilar a comunidades y además, para la biopiratería de última generación.

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