Viejo Velasco, la masacre impune. .. El despojo en Ocosingo Chiapas

 

Entre vista a Víctor Hugo López Rodríguez Director del Centro de Derechos  Humanos Fray Bartolomé de las Casas, donde narra los hechos violentos sucitados en la comunidad de Viejo Velasco Suarz , Ocosingo, Chiapas.

FUENTE

De la Comisión de Juventud y Deporte, el que contiene puntos de acuerdo: Por el que la Cámara de Senadores ratifica su compromiso con los jóvenes y sus derechos y se compromete a agotar las disposiciones jurídicas nacionales para que el Ejecutivo Federal, fije y sustente, definitivamente, su posición respecto a la conveniencia de aprobar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes

Dictámenes a Discusión y Votación

De la Comisión de Juventud y Deporte, el que contiene punto de acuerdo: Por el que la Cámara de Senadores ratifica su compromiso con los jóvenes y sus derechos y se compromete a agotar las disposiciones jurídicas nacionales para que el Ejecutivo Federal, fije y sustente, definitivamente, su posición respecto a la conveniencia de aprobar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE HONORABLE ASAMBLEA: A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXI Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: ANTECEDENTES  I.    En sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2011, la Mesa Directiva turno a esta Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a remitir  la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización Iberoamericana de Juventud el 11 de octubre de 2005, para que sea aprobada por esta Soberanía y sea ratificada lo antes posible, presentada por el Senador Fernando Jorge Castro Trenti. II.  El 11 de octubre de 2005 fue adoptada la Convención Iberoamericana de Derechos de los jóvenes; por la Organización Iberoamericana de  Juventud. III. El 2 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Sobre la Celebración de Tratados. IV. El 27 de Febrero de 2007, El pleno del Senado aprobó la proposición con Punto de acuerdo por el cual ratifica su compromiso con los derechos de la juventud y se compromete a promover una cultura de respeto, tolerancia e inclusión, a través de los instrumentos a su alcance y exhorta al Ejecutivo Federal a remitir la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. V.  El 21 de septiembre de 2010, El pleno del Senado aprobó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a remitir el memorándum de antecedentes relativo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por  la Organización Iberoamericana de Juventud el 11 de octubre  de 2005 y exhorta a la titular del Instituto Mexicano de la Juventud, acuda ante Comisiones del Senado a entregar un informe de las conclusiones obtenidas de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010. VI. El 27 de abril de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara el 12 de agosto de cada año como Día Nacional de la Juventud. OBJETO DE LA PROPOSICIÓN Conforme a la exposición de motivos, el objetivo de la Proposición motivo del presente Dictamen es el que este Poder Legislativo mediante un exhorto solicite al Ejecutivo Federal, remita a esta soberanía el memorándum de antecedentes relativo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, adoptada por la Organización Iberoamericana de Juventud el 11 de octubre de 2005, para que sea aprobada por el Senado y  ratificada lo antes posible. La preocupación del proponente, tal y como lo señala en las Consideraciones expuestas en el texto de su proposición radica principalmente en el festejo de las autoridades por la celebración  del Año Internacional de la Juventud (12 de agosto 2010 al 12 de agosto de 2011) así como al 12 de agosto Día Nacional de la Juventud,  a pesar de las pocas oportunidades de educación y empleo para los 36.2 millones de jóvenes con que cuenta el país. Hace manifiesta su inconformidad respecto a los más de 6 años desde que México suscribió el instrumento internacional en comento, sin que hasta la fecha y pese a los exhortos que con anterioridad ha realizado el Poder Legislativo en el ámbito de sus atribuciones,  exista  una determinación por parte del Ejecutivo para remitir el memorándum de antecedentes y proceder a su aprobación por parte del Senado de la República. Lamenta que la fuerza numérica que representa la juventud nacional no se refleje en un mayor apoyo hacia sus políticas, programas y presupuesto. También destaca que desde hace tiempo se ha venido trabajando un espacio mancomunado de concertación y acción hacia la juventud de la región, ejemplo de ello, es la firma en el año 2005, de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Enfatiza  que la Convención suscrita por México, es un acuerdo de carácter vinculante que establece el compromiso de los Estados Parte a garantizar a los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, sin discriminación alguna, el cumplimiento de los derechos humanos recogidos en su articulado. Afirma que nuestro país requiere un marco jurídico que reconozca y promueva a los jóvenes como sujetos de Derechos. Que el Estado debe aceptar su responsabilidad como garante de los derechos de sus ciudadanos, considerando que la aprobación de la Convención en comento por parte del Senado y su posterior ratificación por el Ejecutivo debe ser el primer paso para atender satisfactoriamente a este sector de la población. Concluye afirmando que es tiempo de revertir la dinámica disfuncional que prevalece entre los poderes de la Unión, expresando que ya basta  que los Puntos de Acuerdo aprobados por el Congreso sean desdeñados por el Ejecutivo Federal. Con base en los antecedentes y el objeto de la propuesta mencionados, señalamos las siguientes: CONSIDERACIONES Como resultado del estudio sobre los antecedentes relativos  al objeto de la proposición motivo del presente dictamen, quienes integramos esta Comisión dictaminadora consideramos conveniente resaltar  que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, es un tratado celebrado bajo la premisa y conveniencia de avanzar en la formulación de instrumentos específicos en el ámbito de los Derechos Humanos, específicamente en el de los jóvenes, es un instrumento internacional único en el mundo que contiene 44 artículos donde se consagran los derechos de la juventud en temas que van desde la salud, la justicia, participación política, la sexualidad, al trabajo, pasando por la educación y la cultura, entre otros. La  aprobación y ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, como lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, estamos seguros, permitirá por parte del Estado Mexicano plantear una política pública perdurable y progresiva para este sector de la población, cuestión por la que en diversas ocasiones los jóvenes de nuestro país han manifestado su deseo de contar con instrumentos jurídicos que les otorguen ciertas garantías respecto a sus derechos. Quienes dictaminamos coincidimos con el Senador promovente, ponderando que debe avanzarse en el reconocimiento explicito de derechos para los jóvenes, la promoción de mayores y mejores oportunidades para la juventud y la consecuente obligación del  Estado para  garantizar y adoptar las medidas necesarias para el pleno ejercicio de los mismos. Teniendo en cuenta que en el año 2000 la comunidad internacional acordó ciertas metas de desarrollo para el sector juvenil a cumplirse en el año 2015, entre ellas lo relacionado con los derechos de la juventud, creemos necesaria la aprobación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Nos pronunciamos por reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades que se consagran en la  Convención. Reconocemos el legítimo interés de los Jóvenes y de diversos Congresos Locales por impulsar el reconocimiento de los derechos de este sector de la población, a través de la aprobación por parte del Senado de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Por ello y en concordancia con lo expuesto por el senador promovente creemos necesario solicitar al Ejecutivo Federal remita el memorándum de antecedentes de la  Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a fin de dar cumplimiento a su aprobación. Esperamos una respuesta puntual del  Ejecutivo respecto al punto de acuerdo, su indiferencia en el tema no lastima al poder legislativo, pero si lo hace respecto a la juventud nacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  faculta al Senado para aprobar los tratados internacionales, como también lo hacen la Ley sobre celebración de Tratados en su artículo 2 y el propio reglamento del Senado de la República en sus artículos 237 y 238 que a la letra dicen:  Artículo 237 1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, el Senado aprueba los tratados internacionales y convenciones diplomáticas suscritos por el Ejecutivo Federal, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.                       Artículo 238 1. Los instrumentos internacionales referidos en el artículo anterior son turnados para su estudio y dictamen a las comisiones de relaciones exteriores que correspondan, en los términos de este Reglamento. 2. Dichos instrumentos también se turnan, en su caso, a otras comisiones cuyas materias se corresponden con el objeto de los mismos, a fin de que coadyuven en el dictamen. 3. En el análisis y evaluación de los tratados y las convenciones internacionales, las comisiones cuidan el cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana, así como el interés y la seguridad nacionales. Asimismo creemos conveniente  reiterar el  compromiso del Senado de la República con los jóvenes y sus derechos; por ello se compromete a agotar las disposiciones jurídicas nacionales para que el  Ejecutivo Federal, fije y sustente, definitivamente, su posición respecto a la conveniencia de aprobar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Como resultado del estudio del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y Deporte, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, como en ocasiones anteriores, ratifica su compromiso con los jóvenes y sus derechos; por ello se compromete a agotar las disposiciones jurídicas nacionales para que el  Ejecutivo Federal, fije y sustente, definitivamente, su posición respecto a la conveniencia de aprobar la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Segundo.- El Senado de la República  exhorta al Ejecutivo Federal, a  remitir a esta soberanía, el memorándum de antecedentes, adoptada por la Organización Iberoamericana de Juventud el 11 de octubre de 2005, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República a 10 de noviembre de 2011 COMISIÓN DE JUVENTUD  Y DEPORTE    FUENTE

Dos años de impunidad contra defensor@s de DH en Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 8 de noviembre del 2011

A las Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos:
A las Organizaciones Sociales y Civiles:
A los Medios de Comunicación Convencionales y Alternativos:
A las Juntas de Buen Gobierno:
A la Otra Campaña:
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional:
Al Movimiento por la Paz:

A dos años de impunidad en el caso de los defensores de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez y Adolfo Guzmán Ordaz.

Han pasado dos años de que miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), en concreto de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra (FDFS), allanaron nuestra casa en la Cd. de Comitán, Chiapas, ejerciendo abuso de autoridad y tortura sobre los cuatro miembros de nuestra familia. Esta situación fue denunciada formalmente ante la Fiscalía Especializada para la Protección y Atención a Organismos No Gubernamentales para la Defensa de Derechos Humanos, FEPAONGDDH, pero, a pesar del tiempo transcurrido, tanto la Fiscalía como el Gobierno del Estado de Chiapas no han hecho nada para esclarecer los hechos y continúan dando largas al asunto para encubrir a sus funcionarios y que la verdad no salga a la luz.

Desde el inicio del proceso jurídico hemos recibido seis amenazas de muerte, además de la privación ilegal de la libertad con elementos de tortura a Margarita Martínez en dos ocasiones, la primera el 25 de febrero de 2010 (36 horas antes del peritaje de reconstrucción de hechos), y la segunda el 24 de noviembre del mismo año. Estos hechos han sido todos denunciados públicamente.

A raíz de la privación ilegal de la libertad de Margarita el 25 de febrero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamamiento al Estado Mexicano para salvaguardar la integridad de nuestra familia y nos otorgó medidas cautelares (MC) de guardia custodia a implementar por el gobierno del Estado de Chiapas a cargo de un “cuerpo especial” de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Ciudadana (SSyPC). Tuvimos que aceptar estas medidas ante el inminente riesgo y vulnerabilidad en que nos encontrábamos.

Sin embargo, las MC no han facilitado el proceso de seguimiento al caso ni han ayudado a propiciar un ambiente menos tenso, ya que la privación ilegal de la libertad de Margarita de noviembre del 2010 se produjo con acompañamiento de MC y en octubre del presente año recibimos en nuestro domicilio, custodiado por miembros de la SSyPC, un anónimo con amenazas de muerte.

Consideramos que la ineficiencia del órgano de procuración de justicia del Estado de Chiapas, y su complicidad con los demandados, es evidente por las siguientes circunstancias:

Primero: por la demora en la resolución del proceso. La FEPAONGDDH dividió el caso en tres eventos con el pretexto de hacer una mejor investigación: 1o: el allanamiento: con delitos de abuso de autoridad, tortura (la cual no quieren integrar) y lo que resulte; 2o: amenazas con agravante de muerte; y 3o: Privación ilegal de la libertad, tortura y violación. Estos tres eventos fueron denunciados ante la FEPAONGDDH y sólo ha integrado y ejercido acción penal del primero omitiendo la tortura.

Segundo: por la reclasificación de los delitos que consideramos improcedente: La FEPAONGDDH argumenta que por falta de elementos no procede el delito de tortura, siendo que una psicóloga certificada por la ONU para la atención en casos de tortura de acuerdo al Protocolo de Estambul, realizó dicho peritaje certificando tortura hacia cada miembro de la familia.

Tercero: porque las MC establecidas por la CIDH y ejecutadas por el gobierno de Chiapas no suponen una garantía de seguridad dado que, como se indicó, se dieron dos eventos muy graves contando la familia con guardia custodia.

El Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, y el Gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, no están contribuyendo a la resolución del caso y a la aclaración de los hechos a pesar de la intervención de la CIDH, lo cual demuestra la falta de justicia y transparencia para resolver de manera eficaz y objetiva los atropellos que cometen los servidores públicos de su administración.

Ante lo expuesto, denunciamos el incumplimiento de los acuerdos asumidos por parte del Estado para hacer una investigación imparcial y expedita. A dos años, no se han esclarecido los hechos y no se ha fincado la responsabilidad de los acusados correspondiente. Dichas acciones ponen en evidencia la incapacidad del Estado Mexicano, y en particular del Estado de Chiapas, así como la falta de garantías que destina a los defensores de Derechos Humanos.

Exigimos al Gobierno del Estado de Chiapas y al Estado Mexicano:

• Que le dé cabal cumplimiento a la implementación de las MC 52-10 establecidas por la CIDH, de manera eficiente y profesional.

• Que se garantice la vida e integridad física y emocional de todos los miembros de nuestra familia.

• Que se destituya de sus cargos a todos los servidores públicos implicados en los eventos de hostigamiento a nuestras personas (allanamiento, abuso de autoridad, amenazas de muerte, tortura, privación ilegal de la libertad y violación) en tanto no se resuelva su situación jurídica legal, ya que utilizan sus cargos públicos para
resguardarse y mantenerse en la impunidad.

• Que se ejercite la acción penal contra los responsables de estos actos y los autores materiales e intelectuales de estas violaciones a los derechos humanos sean debidamente sancionados.

Basta de hostigamiento a las y los defensores de Derechos Humanos

Basta de torturas por defender nuestros derechos

Nunca más un México sin los Derechos Humanos

Atentamente,

Margarita Gpe. Martínez Martínez
Adolfo Guzmán Ordaz.

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Denuncia de alfredo, exije justicia por su hijo y libertad para l@s compañer@s

 A la Opinión Pública
A los Medios de Comunicación Estatal Nacional e Internacional
A los Medios Alternativos
A los Adherentes a La Otra Campaña
A la Sexta Internacional
A las Organizaciones Independientes
A los Defensores de los Derechos Humanos ONGs
Preso Solidario de la Voz del Amate
Adherentes a La Otra Campaña del EZLN
Cautivos en el Penal n° 5 San Cristóbal de Las Casas Chiapas

A causa de la injusticia que mi País México vive, día a día donde miles de personas son víctimas de explotación, maltratos, la violación a los derechos humanos, la discriminación solo por ser gentes pobres analfabetos nos humillan entre otros.

Como es nuestro caso fuimos detenidos arbitrariamente en el año 2007 junto con mi esposa Rosa López Díaz quien se encontraba embarazada de 4 meses donde sufrimos torturas físicas y psicológicas y de ahí nos trasladan al Cerrs. N° 5 y al paso de unos meses mi esposa dio a la luz a un varón donde nació con parálisis cerebral deforme de la cara sin tener movimientos en su cuerpo.

El pasado 25 de Octubre se agravó su situación de salud, mis familiares lo llevaron al hospital de Teopisca y no lo atendieron. Se trasladan al hospital del Clínica de Campo en San Cristóbal, con la desdicha de ser analfabeta recibieron nuevamente la negligencia médica.

Hoy mi hijo que tiene por nombre NATANAEI LOPÉZ LOPÉZ es difunto, todo por no recibir atención especializada, muchas veces solicité apoyo a las instituciones gubernamentales y jamás respondieron. Esto no quedará impune; siento un gran dolor en mi alma y clamo a Dios justicia por la injusticia que el mal gobierno y su gabinete ejercen en nuestras personas.

Es por ello que el pasado 29 septiembre unos nos declaramos en huelga de hambre, otros e ayuno y plantón por tiempo indefinido con el único fin de exigir justicia y nuestras libertades que nos ha robado.

Hoy llevamos ya 35 días de huelga y nuestro estado de salud se va deteriorando con síntomas de mareos, jubilación de vista, dolor de cabeza y pérdida de memoria hasta hoy el gobierno no ha respondido a nuestra demandas. Por eso hoy denuncio públicamente estas irregularidades que estoy y estamos viviendo. Una vez más exhorto al C. Lic. Juan Sabines Guerrero a tomar acciones urgentes en el estado que nuestras personas se encuentran, cualquier complicación de nuestra salud o pérdida humana hago responsable a Sabines, no estoy ni estamos dispuestos a pagar un delito que jamás cometimos.

Exijo nuestras libertades inmediatas e incondicionales de todos los que estamos en la lucha por la justicia, Enrique Gómez Hernández, Penal n° 14 el Amate, Juan Collazo Jiménez que se encuentra en huelga de hambre en el Penal n° 6 de Motozintla. Así mismo exijo al gobierno Federal por la libertad inmediata de nuestro compañero Alberto Patishtán Gómez que se encuentra en el Cefereso n° 8 de Guasave Sinaloa. Por último invito a toda la Sociedad Civil estatal Nacional e Internacional a sumarse en nuestro dolor. No es justo sufrir y pagar algo que no se debe mucho menos cobrando la vida de un inocente.

Ya basta de discriminación

Ya basta de humillaciones

Todos a la verdad y a reclamar justicia y libertad
para todos los presos políticos del país. Hasta la victoria

Fraternalmente.
Alfredo López Jiménez Solidario de la Voz del Amate, Penal n° 5 de San Cristóbal de Las Casas – Chiapas

2 de noviembre 2011

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