La privación ilegal de la libertad y el maltrato físico y mental no son una alternativa para el tratamiento de consumo problemático de sustancias.

En diciembre del 2009 las Fuerzas Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF) desmantelaron la  red de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, autodenominada Los Elegidos de Dios, gracias a las denuncias de una de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil, rescatando a 107 personas. 

Los llamados anexos AA; según la Norma Oficial Mexicana 028SSA2-1999 (NOM 028), deben ser regulados por la Secretaria de Salud; sin embargo no se tiene información de cuántos de estos espacios existen a nivel local ni nacional. 

En México el uso de sustancias ilícitas aumentó del 4.6% al 5.2%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones del 2008, tomando en cuenta a la población infantil, mujeres, hombres y adultos.

En 1986, México ratificó la Convención Contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la cual establece que “Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción” (art. 2).  

Sin embargo, el día de ayer, la Procuraduría General de Justicia, detuvo a 6 personas responsables del anexo “Aprendiendo a vivir” ubicado en el centro de Cuajimalpa. En este sitio se violaba el derecho a la libertad así como el derecho a la dignidad humana e integridad física; el periódico El Universal señaló  que “Al ingresar a ese lugar, a quienes no querían estar se les obligaba a estar 48 horas sin dormir, pues de lo contrario les arrojaban baldes de agua fría. “Nos hacían estar en las maratónicas, que significaba estar en vela por dos días, escuchando las experiencias de otros”, contó otro de los afectados”

Saludamos la acción oportuna de la PGJ sobre este caso con el fin último de garantizar un estado de derecho.

Sin embargo, solicitamos que: 

1) Las autoridades federales y locales se coordinen para garantizar el cumplimiento del art. 33de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual señala que debe proteger a las niñas y niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

2) El Estado Mexicano garantice los Derechos Humanos a las personas que tienen un consumo problemático de sustancias.

3) La Secretaría de Salud (SS) supervise y garantice espacios profesionales para la atención a personas con uso problemático de sustancias haciendo cumplir NOM 028 ya que estos lugares rompen con:

- El punto 12 (Prevención y seguimiento) "el seguimiento de los programas y acciones que se realizan en todos los establecimientos permitirá determinar el grado en que se obtengan los resultados esperados, y la medida en que se cumplan los objetivos para los que fueron creado."

-El punto 12.2.4 "reportar las actividades al Consejo Estatal contra las Adicciones, con una periodicidad trimestral, conforme a los procedimientos establecidos por el CONADIC"

4) La PGJ del Distrito Federal realice una investigación imparcial sobre los responsables del anexo "Aprendiendo a Vivir".

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Comunicado de las Mujeres Autónomas de la Costa.

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas

Adherentes a la Otra Campaña del EZLN 

A la opinión pública.

A la prensa nacional e internacional.

A la sociedad civil nacional e internacional.

A los organismos de derechos humanos.

A los medios alternativos.

A las y a los adherentes de La Otra Campaña.
A las Juntas de Buen Gobierno
A la Comisión Sexta del EZLN
A los grupos de mujeres en Chiapas y México

Por este medio las mujeres que formamos parte del Consejo Autónomo de la Costa queremos hacer pública desde nuestra palabra sencilla y comprometida, nuestras denuncias y exigencias al Gobierno y nuestra voluntad de seguir luchando para que se nos respete.

Primero: Decirle al Gobierno que no queremos su compasión, sino su respeto. No queremos que nos imponga sus políticas ni sus modos de vida, queremos decidir nosotras mismas, que se escuchen nuestras peticiones y que se respeten las decisiones que tomamos autónomamente.

Segundo: Exigimos al Gobierno que no nos intimide, ni nos mande a sus ejércitos, que nos maltraten cuando nos manifestamos pacíficamente por nuestros derechos. Somos libres para expresar nuestras demandas y para exigir el respeto a nuestras decisiones e iniciativas. Tenemos el derecho de defendernos, lo hacemos y seguiremos haciéndolo, de forma pacífica.

Tercero: Exigimos al Gobierno que establezca precios justos a los productos básicos de alimentación como el maíz, el fríjol, el arroz, el aceite y el azúcar. Las mujeres somos las que más sufrimos con el aumento de los precios. Estos productos son la base de nuestra alimentación, y los precios abusivos que se toleran por parte de los gobiernos que lo permiten, atentan contra nuestro derecho a la alimentación y a tener una vida digna nosotras y nuestras familias.

Cuarto: Por lo mismo, exigimos que se baje y se regule de inmediato el precio de la tortilla como producto básico y necesario de nuestra alimentación. Los precios abusivos de la tortilla validados por el gobierno, precarizan especialmente la situación de las mujeres y empeoran nuestra calidad de vida, atentando contra nuestros derechos y los de nuestros hijos.

Quinto: Exigimos que se establezca una tarifa justa para la luz, tenemos el derecho a tenerla. Como mujeres, queremos que se escuchen las demandas de los distintos colectivos y que se tenga en cuenta que atenta contra nuestros derechos a vivir con dignidad, en una vivienda y entorno comunitario que posibilite el desarrollo de nuestros hijos e hijas.

Sexto: Que pare la violencia y la coacción contra las personas que formamos parte del Consejo autónomo de la Costa, que sólo luchamos por nuestros derechos a vivir, a decidir, a ser escuchadas y respetadas.

Séptimo: Que cese la violencia y las ordenes de aprehensión contra todas las y los luchadores sociales, en pro de los precios justos de la luz y la tortilla. Contra el compañero Nathaniel Hernández Núñez, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Así mismo exigimos castigo a los agresores y medidas que respeten nuestros derechos fundamentales, a defendernos y a manifestarnos.

Confirmamos que nosotras vamos a seguir luchando para que se regulen los precios de los productos y servicios básicos, que necesitamos para sobrevivir. Para que se respeten nuestras decisiones, se escuchen nuestras exigencias y se pare de imponernos medidas que atentan contra nuestro derecho a vivir con dignidad.

Atentamente

Mujeres Autónomas de la Costa.
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Tonalá, Chiapas a 21 de Agosto del 2010

 

Hacia la construcción de nuevas culturas de derechos desde la igualdad de género, clase y etnia.

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Catalunya. Pronunciamiento de solidaridad a La Otra Campaña

Desde Reus, Catalunya. Pronunciamiento a la Campaña de Solidaridad ante las agresiones a La Otra Campaña en Chiapas.

22 de febrero de 2011; Reus – Catalunya (Europa)

A La Otra Campaña
A los y las Adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A las Comunidades Autónomas Zapatistas, MAREZ y bases de apoyo
A las Juntas de Buen Gobierno
Al EZLN

Hermanas y hermanos

Ante los últimos acontecimientos de agresiones, aprensiones, encarcelamientos y despojos que están sucediendo en Chiapas y en otras partes de la República ante nuestros hermanos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, La Otra Campaña y Bases de apoyo del EZLN.

Queremos manifestar nuestro absoluto rechazo a esa violencia y guerra de baja intensidad que como venimos observando van generando las multinacionales y sus ayudas a proyectos en pro del desarrollo, usurpando de recursos hídricos, depredando a la madre tierra con la minería que la envenena, sembrando Ciudades rurales “sustentables” (desarticulando todo tejido social y alterando medio y vida de quienes son “expulsados” de sus tierras), utilizando a la “clase” política como títeres para el desarrollo de dichos proyectos, expropiando así de sus tierras y recursos a los hermanos y hermanas indígenas y mestizos que habitan en ellas. Incumpliendo así los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno de México como puede ser el Convenio 169 de la OIT, o la Declaración Universal de los derechos Humanos entre otros.

Para el desarrollo de tales proyectos se ve claramente que se permite impunemente a grupos como Alas de Águila - Ejército de Dios, la OPDDIC, Paz y Justicia … como actúan bajo el manto protector gubernamental sembrando muerte, dolor y discordia entre hermanos y hermanas. Sirvan de ejemplo las recientes agresiones en San Sebastián Bachajón con la aprensión y encarcelamiento (con un proceso lleno de irregularidades) de compañeros por no querer regalar ni venderse al Proyecto Ecoturístico de las transnacionales españolas del turismo, en Mitzitón por negarse al expolio de sus tierras para la construcción de la Autopista San Cristóbal de las Casas - Palenque, en Tila compañer@s del PUDEE quienes sufren hostigamiento y despojo por estar en resistencia al pago de la luz, en Tonalá (Zona Costa) donde otra vez más no se respetan los acuerdos, claro ejemplo los incumplidos acuerdos en Pijijiapan y así un largo etcétera.

Desde aquí queremos hacer memoria a que el pasado día 16 del presente mes se cumplieron los 15 años de los Acuerdos de San Andrés, incumplidos por una de las partes firmantes, el Gobierno.

No quisiéramos dejar pasar esta ocasión para solidarizarnos con aquellas luchas y resistencias en Guerrero, Oaxaca, Tabasco … así como sumarnos al grito de Ya Basta de Sangre en esa falsa guerra contra el crimen organizado, pedir la aparición de tant@s desaparecid@s, así como el fin de los feminicidios, acabar con la censura, los hostigamientos, desaparición y asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos en toda la República, también exigir protección y respeto a los hermanos y hermanas migrantes que se ven forzados a cruzar el territorio mexicano en busca de una vida mejor y sin embargo van encontrando en su camino violencia, terror, violaciones, robo, extorsión, secuestro y en muchos casos la muerte.

Por el respeto a la libre determinación de los pueblos y a la autonomía

Por la libertad de TOD@S l@s presos políticos
Por la justicia y contra la impunidad
Por la PAZ
YA BASTA!

Atentamente

La Reus, Cultural i Solidària per la Pau
(Adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona)
Reus-Catalunya
reus at lareus.org

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Informe: "Háblame desde allá abajo", quinta entrega de la Organización Pasta de Conchos y el CEREAL

18/02/2011

El Informe Háblame desde allá abajo, quinta entrega consecutiva de la Organización Familia Pasta de Conchos y el CEREAL (Centro de Reflexión y Acción Laboral), resalta la movilización de los mineros y sus familias y la urgencia de rescatar la vida, la dignidad y la seguridad de miles de mineros aún vivos y sus familias, por lo que informamos que la Organización Familia Pasta de Conchos representando legalmente a más de 300 familiares directos, está en una mesa de diálogo, búsqueda y decisión, con la Secretaría de Gobernación desde hace un par de meses, y  discute cómo y cuándo reiniciar el rescate de los restos de los mineros de Pasta de Conchos y cómo remediar la imparable siniestralidad de la región carbonífera.

De modo que hacemos un enérgico llamado a no entorpecerla, ni estorbarla, dirigido tanto a las secretarías de estado de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como a Industrial Minera México de Grupo México. Ni la empresa, ni las secretarías mencionadas, son interlocutoras en esta mesa por ser precisamente, corresponsables del siniestro y de la violación a los derechos humanos de los mineros y sus familias. Recordamos enfáticamente, como lo hace este V Informe, que cualquier ajuste económico para pretender resarcir el daño a las viudas y los familiares ha sido discutido en Ginebra, en la Organización Internacional del Trabajo, en noviembre-diciembre del año pasado y estamos a la espera de sus conclusiones. De modo que cualquier anticipo  en este momento, justo a días del 19 de febrero, sólo tendría por objeto distraer y sacar de rumbo el esfuerzo por la dignificación de la región que inicia con el rescate de los restos de los fallecidos para salvar al resto de los carboneros que todos los días se exponen a innumerables riesgos para bien de la Nación. Llamamos a todo el empresariado del carbón en Coahuila, a un compromiso socialmente responsable que cese el sufrimiento y garantice la seguridad de los mineros, porque sólo la suma de voluntades dará fin a más de un siglo de muerte y desolación. Y aclaramos que la Organización Familia Pasta de Conchos, no tiene, ni tendrá ningún vínculo con los sindicatos mineros, que nos oponemos a la utilización del tema de Pasta de Conchos y a confundir agendas o actividades cuando no han sido consideradas por las familias. Finalmente, resaltamos los avances del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Durante la conferencia de prensa Luis Arriaga Valenzuela, Director del Centro Prodh, señaló: “No debe permitirse, a menos que se quiera perpetuar la impunidad, que el Estado mexicano exceda el plazo que se le dio para contestar la petición interpuesta por el caso de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos del Grupo México”...   Más Información

Convocan a protesta contra Ley Migratoria en Arriaga, Chiapas

Lunes 21, febrero 2011

Caravana Paso a Paso a Hacia la Paz convocan a manifestase contra la ley migratoria este Lunes 21 en Arriaga, Chiapas

IXTEPEC, OAXACA A 20 DE FEBRERO DE 20011

A las organizaciones no gubernamentales

A los defensores de derechos humanos

A los migrantes internacionales

A los medios de comunicación

A la comunidad internacional

Al pueblo de México

Los integrantes de la Caravana “Paso a Paso Hacia la Paz” y el Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino rechazamos categóricamente el intento de criminalizar a los hermanos migrantes,
 

Artículo 26.- La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

l. Colaborar con el Instituto, cuando así lo solicite, para vigilar la entrada y salida de personas al territorio nacional en cualquier forma o medio de transporte en que lo hagan;

III. Llevar a cabo revisiones migratorias en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas, en coordinación con el Instituto;

La nueva ley de migración que actualmente se discute en el Senado de la República, dará facultades y atribuciones a la policía federal para perseguir a los migrantes, así como también legalizar la persecución hacia ellos en todo el país, llevando acabo acciones como operativos y redadas en las vías férreas y rutas de tránsito.

Consideramos esta ley hostil, criminalizadora y antiinmigrante, equiparable a la ley Arizona, ya que permite a la policía ejercer la labor de cuestionar y asegurar a los migrantes, en un contexto de seguridad y no de administración como el caso lo amerita.

Permitir que la policía federal haga esta trabajo, pondría en riesgo la integridad física de los migrantes así como también dará paso a que sus derechos sean violentados por parte de dicha corporación, tal y como se a documentado en diferentes partes del país, La experiencia nos enseño en 2010 la serie de violaciones de la policía federal contra la población migrante y que finalmente todo quedo en la impunidad, por esto y por su comportamiento en Oaxaca, Veracruz y Tabasco, expresamos nuestra total desconfianza a estas funciones que se les pretenden dar a esta corporación...

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Nula voluntad del Estado mexicano para cumplir sentencias de la CoIDH en los casos de Inés y Valentina

Fecha: 10/02/2011

Comunicado Conjunto

Nula voluntad del Estado mexicano para cumplir las sentencias dictadas por la CorIDH en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega   México, D. F. a 11 de febrero de 2011   A cuatro meses de la emisión de los fallos, las investigaciones continúan en el fuero militar.   SEGOB cancela y pospone indefinidamente la instalación de las mesas de trabajo para el cumplimiento de las sentencias.   Ante el incumplimiento, organizaciones anuncian campaña para exigir justicia; difunden carta firmada por mujeres galardonas con el premio Nóbel.   En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro ProDH, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), JASS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Servicios y Asesorías para la Paz, Association for Women's Rights in Development (AWID) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunciaron la nula voluntad del Estado mexicano para cumplir con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.   En los dos fallos, puntualizaron, el Tribunal Interamericano determinó la responsabilidad internacional de México por la violación sexual de ambas mujeres indígenas Me’phaa, cometida por soldados del Ejército mexicano durante 2002. La Corte estableció también, entre otros aspectos, que dichas violaciones constituyeron actos de tortura y que las investigaciones, al ser conducidas en el fuero militar, estuvieron viciadas por la falta de imparcialidad del ministerio público castrense. En tal virtud, manifestaron, dicho Tribunal ordenó al Estado que investigue las violaciones en el fuero civil, que reconozca públicamente su responsabilidad, y que adopte medidas para que hechos tan graves nunca más vuelvan a repetirse, entre otras medidas de reparación.   No obstante, las organizaciones señalaron que habiendo transcurrido más de cuatro meses desde que las sentencias fueron notificadas, el Estado mexicano no ha mostrado con hechos concretos que pretenda cumplir cabalmente las sentencias, como es su obligación. La coordinación del cumplimiento de las sentencias a cargo del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, y de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no muestra ningún avance.   Así, destacaron que las investigaciones permanecen en el fuero militar aún cuando la CorIDH expresamente señaló que se trata de una instancia incompetente para investigar violaciones a los derechos humanos y, señaladamente, la violación sexual de una civil cometida por elementos castrenses. La remisión de los expedientes al fuero civil, siendo una medida elemental de cumplimiento inmediato, no se ha materializado, lo que sin duda muestra la creciente debilidad de las autoridades civiles frente a sus pares militares...    Más Información

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala avala la impunidad de graves violaciones de derechos humanos

Ante el reiterado incumplimiento de este órgano, CEJIL ha solicitado la intervención de la Corte IDH

 

14-02-11

San José, 14 de febrero de 2011. El día de ayer se difundió en la prensa guatemalteca la nueva concesión de un amparo provisional a favor del coronel Julio Alberto Alpírez, uno de los imputados en la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez. Esta nueva decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) se suma a las diversas resoluciones emitidas por ese tribunal que violan normas de derechos humanos y resoluciones dadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

La decisión de la CC se basa en un amparo cuyo contenido no fue conocido por la Sra. Jennifer Harbury –viuda de Efraín Bámaca- y sus representantes legales, desafiando la resolución de la Corte IDH sobre la importancia de dar participación a las víctimas en los procesos internos. Precisamente el 18 de enero pasado, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emitió una sentencia en la que se acata la resolución de supervisión de cumplimiento de la Corte IDH dictada el 18 de noviembre de 2010. Dicha decisión resolvió anular el sobreseimiento dictado en 1999 a favor de varios de los presuntos responsables de los hechos del caso y ordenó el inicio de un nuevo proceso en el que se esclarezca lo ocurrido y se sancione a los responsables. El fallo de la Cámara Penal es congruente con la jurisprudencia constante de la Corte IDH y constituía un importante paso para reconducir el proceso interno, lo cual ha sido revertido con la decisión de la CC que suspende nuevamente el proceso.

Hasta el momento, la Corte IDH ha establecido la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la violación de derechos humanos en catorce casos, convirtiéndose éste en el segundo con más condenas en el continente, después de Perú. La Corte IDH, al igual que otros órganos internacionales, ha destacado el grave problema de impunidad imperante en el país y entre otros aspectos, ha ordenado distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas, así como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modificaciones necesarias para adecuar el derecho interno a las normas de la Convención Americana. Dado el incumplimiento de tales resoluciones, CEJIL ha solicitado a la Corte Interamericana la concesión excepcional de una audiencia conjunta de supervisión de sentencias para debatir exclusivamente el avance en la justicia de los casos.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL señaló que “el mensaje que ha dado la Corte de Constitucionalidad a los miembros del Poder Judicial guatemalteco es sumamente preocupante. La CC no puede ni debe avalar la impunidad. Sus integrantes deben rendir cuentas a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional sobre la forma en la que administran justicia en un país que necesita desesperadamente que sus instituciones cumplan con el mandato que les ha sido conferido. En este sentido consideramos fundamental que la CC revierta su posición, permitiendo una investigación diligente en casos de graves violaciones de derechos humanos de acuerdo con sus obligaciones internacionales”.

CEJIL hace un llamado a los integrantes del poder judicial de Guatemala para que no solo velen por el adecuado cumplimiento del ordenamiento guatemalteco, sino también por que las obligaciones internacionales en materia de la debida diligencia en la investigación de graves violaciones derechos humanos sean implementadas de manera efectiva, garantizando el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad y la justicia.

En este sentido, CEJIL exhorta a los integrantes del poder judicial guatemalteco a que, en el marco del debido proceso, y en concordancia con lo determinado por la Corte IDH, adopte las medidas conducentes para remover cualquier práctica, norma o institución procesal que pueda afectar la investigación o sanción de graves violaciones a derechos humanos, resguardando de ese modo los derechos de las víctimas.

Contacto de prensa

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa de CEJIL

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

Celular: + (506) 8354 -1361

Fax: + (506) 2280-5280

dchinchilla@cejil.org

www.cejil.org

Sentencias y resoluciones dictadas por la Corte IDH en el caso Bámaca Velásquez

Sentencia de fondo:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf

Sentencia de reparación

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 27 de enero de 2009

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/bamaca_se_10.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 18 de noviembre de 2010:

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/bamaca_18_11_10.pdf




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Comunicado de mujeres organizadas en los colectivos de la zona norte

A petición de quienes firman compartimos el siguiente comunicado.

A  los pueblos de México y del Mundo
A la prensa nacional e internacional.
A la sociedad civil nacional e internacional.
A los organismos de derechos humanos.
A los medios alternativos.
A las y a los adherentes de La Otra Campaña.

Por este medio las mujeres organizadas en los colectivos  de la zona norte  de los ejidos San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón queremos hacer pública, desde nuestra palabra sencilla y comprometida, nuestras denuncias y exigencias al Gobierno, y nuestra voluntad de seguir luchando para que se nos respete.

Sabemos del enfrentamiento, ocurrido el miércoles 2 de febrero, entre los grupos de la Otra Campaña y los del PRI por la toma de la caseta de cobro de Agua azul, los resultados son: 1 muerto, muchos lastimados, 117 detenidos de los que ahora 10 están presos en la cárcel de Playas de Catazaja. Sabemos de la grave represión que ha habido en contra de nuestros compañeros y compañeras de la Otra Campaña. Sabemos que el objetivo del gobierno es comprar a todos y todas, dividirnos y quedarse con nuestras tierras, pero no lo vamos a permitir, por eso queremos decirle al Gobierno que: 

·           No queremos centro eco-turístico en nuestras tierras.

·           No queremos  privatización de la tierra  y de los recursos naturales.

·           No queremos más amenazas y represión en nuestras comunidades.

·           No queremos más divisiones y enfrentamientos por su culpa.

·           No queremos su compasión, sino su respeto.

·           No nos puede desalojar de nuestras tierras, la trabajamos y la defenderemos porque nos da de comer y de vivir.

·           Seguiremos organizándonos como mujeres en la defensa de nuestra tierra y de nuestra dignidad.

·           Entienda que nosotras vivimos de lo que cosechamos y de lo que trabajamos y que la tierra es la raíz de una vida digna para  nosotras y nuestras familias.

·           Queremos una propiedad familiar y que las autoridades sean para el pueblo, que respeten lo que decide el pueblo así como su manera de organizarse.

·           No queremos más alcoholismo en nuestra comunidad porque genera violencia hacia las mujeres, no queremos que el gobierno dé permiso para vender alcohol en nuestras comunidades.

Y le  exigimos:

1.         Respecto y justicia para nuestros pueblos indígenas.

2.         Que pare de hacernos firmar acuerdos para la privatización de la tierra. Sabemos que tenemos derechos y vamos a defenderlos.

3.         Que deje de dividirnos para quitarnos nuestras tierras. Sabemos que los proyectos y programas de gobierno sirven para dividir nuestras comunidades, para que entre nosotros, hombres y mujeres indígenas nos confrontemos...

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Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) condena acción policiaca contra indígenas en Chiapas

Caso MEX 110211.CC/ MEX 110211

DERECHOS DEL NIÑO/CAMPAÑAS URGENTES

Detención arbitraria /Ausencia de garantías judiciales/ Hostigamiento/

Temor por seguridad y por integridad personal/ 

 

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con preocupación informaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre la detención arbitraria y la violación del debido proceso del menor Mariano Demeza Silvano (de 17 años de edad) y de los Sres. Domingo Pérez Álvaro, Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro García Álvaro (quien presenta discapacidad mental), Jerónimo Guzmán Méndez, Pedro López Gómez y Miguel Álvaro Deara, quienes fueron detenidos junto con otros 107 ejidatarios¹ de San Sebastián Bachajón, indígenas tseltales y adherentes a La Otra Campaña², en hechos ocurridos en el municipio de Chilón, Estado de Chiapas.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 3 de febrero de 2011, la policía estatal arrestó a 117 ejidatarios, que en ese momento se encontraban reunidos a la altura del lugar conocido como las Cascadas de Agua Azul, en el municipio de Tumbalá, con el fin de tomar decisiones respecto a la oferta del gobierno estatal de iniciar una mesa de diálogo entre las partes (ver contexto de la situación más adelante).

Según las mismas informaciones, el 4 de febrero de 2011, la policía estatal comenzó a interrogar los ejidatarios arrestados y a proceder con el desahogo de pruebas, durante las que, entre otras, fueron obligados a dar muestras de orina para exámenes toxicológicos. Se ha denunciado que los 117 ejidatarios no gozaron en ningún momento de la asistencia de un abogado ni de un intérprete, que entendiera el lenguaje y las costumbres tseltales, ni durante el desahogo de pruebas ni durante la prestación de sus declaraciones. Los ejidatarios que prestaron declaración señalan que fueron amenazados por la policía estatal y hostigados por los miembros de la procuración de justicia durante la recepción de las declaraciones.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) liberó finalmente a 107 ejidatarios, el 5 de febrero, hacia las 2:00 a.m. y el mismo día, hacia las 8:00 p.m., fueron consignados ante el Juzgado Penal de Playas de Catazajá los 10 ejidatarios que aún permanecen retenidos, entre ellos un menor de edad. Después, el joven Mariano Demeza Silvano y los Sres. Domingo Pérez Álvaro, Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro García Álvaro, Jerónimo Guzmán Méndez, Pedro López Gómez, y Miguel Álvaro Deara, fueron trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS No. 17) en el municipio de Playas de Catazajá, Chiapas, bajo las acusaciones de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del Estado.

El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su preocupación ante la detención masiva y arbitraría de los 117 ejidatarios y en particular ante la consignación del joven Mariano Demeza Silvano y de los Sres. Domingo Pérez Álvaro, Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro García Álvaro, Jerónimo Guzmán Méndez, Pedro López Gómez, y Miguel Álvaro Deara. Así mismo la OMCT condena las diferentes violaciones de los derechos humanos de las personas detenidas y la ausencia de respeto del debido proceso. 

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México demuestra falta de voluntad para cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

México, D. F. a 10 de febrero de 2011.- En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro ProDH, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), JASS,  Servicios y Asesorías para la Paz, Association for Women's Rights in Development (AWID), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan  y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIl) denunciaron la nula voluntad del Estado mexicano para cumplir con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

En los dos fallos, puntualizaron, el Tribunal Interamericano determinó la responsabilidad internacional de México por la violación sexual de ambas mujeres indígenas Me’phaa, cometida por soldados del Ejército mexicano en el  2002. La Corte estableció también,   que dichas violaciones constituyeron actos de tortura y que las investigaciones, al ser conducidas en el fuero militar, estuvieron viciadas por la falta de imparcialidad del ministerio público castrense. En tal virtud, manifestaron, dicho Tribunal ordenó al Estado que investigue las violaciones en el fuero civil, que reconozca públicamente su responsabilidad, y que adopte medidas para que hechos tan graves no vuelvan a repetirse.

No obstante, las organizaciones señalaron que habiendo transcurrido más de cuatro meses desde que las sentencias fueron dictadas, México no ha mostrado con hechos concretos que pretenda cumplir  las sentencias, como es su obligación. La coordinación del cumplimiento de las sentencias a cargo del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, y de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no muestra ningún avance.

Así, destacaron que las investigaciones permanecen en el fuero militar aún cuando la Corte IDH señaló expresamente que se trata de una instancia incompetente para investigar violaciones a los derechos humanos y, señaladamente, la violación sexual de una civil cometida por elementos castrenses. La remisión de los expedientes al fuero civil, siendo una medida elemental de cumplimiento inmediato, no se ha materializado, lo que muestra la creciente debilidad de las autoridades civiles frente a sus pares militares...

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SEÑALAN AL GOBIERNO DE CHIAPAS COMO RESPONSABLE DEL CONFLICTO EN AGUA AZUL

 

EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJÓN, ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA DE LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS, MÉXICO.

A 10 DE FEBRERO DE 2011

A LAS ORGANIZACIONES CIVILES

A LA OTRA CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS

A LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL

A LA SOCIEDAD CIVIL

A LA OPINIÓN PÚBLICA

A LAS ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES Y DEMOCRATICAS

A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL

COMUNICADO

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO ENVIAMOS UN COMUNICADO QUE ESTE 10 DE FEBRERO 2011 ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA DEL EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON. SE REALIZARÁ UN PLANTÓN EN EL CRUCERO DE AGUA AZUL POR UN TIEMPO INDEFINIDO PARA EXIGIRLE AL GOBIERNO DE JUAN SABINES QUE LIBERE A LOS 10 COMPAÑEROS PRESOS DETENIDOS INJUSTAMENTE EL PASADO 3 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, DONDE INJUSTAMENTE LAS AUTORIDADES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO LE ESTÁN FABRICANDO DELITOS DE HOMICIDIO CALIFICADO DONDE EL PASADO 2 DE FEBRERO PERDIÓ LA VIDA UN PRIISTA DURANTE UN ENFRENTAMIENTO QUE EL MISMO GOBIERNO ORGANIZO A LOS PRIISTAS COMO UN PRETEXTO PARA APODERARSE DEL CENTRO ECOTURISTICO CASCADAS DE AGUA AZUL PARA SUS INTERESES Y PROYECTOS TRANSNACIONALES.

ESTA MUY CLARO QUE MEDIANTE ESTA VIOLENCIA ES LA MEJOR MANERA DE OBTENER LO QU SIEMPRE HA QUERIDO YA QUE A ANUNCIADO EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE EL GOBIERNO VINO A PONER EN ORDEN EN AGUA AZUL. QUE SINICO QUE EL GOBERNADOR ESTA USANDO A UNOS DELINCUENTES PARA DESESTABILIZAR A LA SOCIEDAD POR CULPA DEL GOBIERNO A SURGIDO UNA OLA DE AMENAZAS Y VIOLENCIA QUE NO LE IMPORTA LA VIDA DE UN SER HUMANO COMO NOSOTROS, QUE HA NUESTROS COMPAÑEROS LOS HA TOMADO COMO REHENES DETENIDOS EL PASADO 3 DE FEBRERO, ES UNA MANERA DE OBTENER LO QUE QUIERE, QUE VERGUENZA QUE INVIRTIÓ MUCHO DINERO EN EL MUNICIPIO PARA REPARTIR MUCHOS PROYECTOS CON TAL DE APODERARSE DE NUESTROS RECURSOS NATURALES QUE NUESTROS ANCESTROS NOS HAN HEREDADO PARA NUESTROS HIJOS GENERACIÓN TRAS GENERACIÓN.

PERO COMO ORGANIZACIONES ESTAMOS DISPUESTOS A DEMOSTRARLE AL GOBIERNO QUE LA CASETA DE COBRO JAMAS SERÁ DEL GOBIERNO, QUE VAMOS A DEFENDERLO HASTA LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS AUNQUE LE PARESCA UN DELITO DEFENDER NUESTROS RECURSOS NATURALES EN MANOS DE EMPRESAS TRANSNACIONALES COMO LEGITIMOS DUEÑOS DE ESTAS TIERRAS TENEMOS LA DIGNIDAD Y EL VALOR DE DEMOSTRARLE AL GOBIERNO CORRUPTO VENDE PATRIA LO QUE SOMOS REALMENTE, LA ESPERANZA DE MUCHOS...

 

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ONG se suman a la exigencia de la ONU para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos

Fecha: 04/02/2011

Pronunciamiento conjunto

§  México es el segundo país del mundo que más casos de amenazas contra defensoras de derechos humanos denunció entre 2004 y 2009. §  Organizaciones de la sociedad coinciden con la posición del informe 2010 de la Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra coincidencia con los contenidos del Informe de la Sra. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU. El Informe es indispensable para comprender mejor las condiciones en las que las defensoras y los defensores de derechos humanos realizamos nuestras actividades. Asimismo, resulta del todo oportuno en el contexto de violencia, estigmatización e impunidad que se vive en países como México. El Informe se suma a un número creciente de documentos emitidos por instancias internacionales y organizaciones de la sociedad civil que hemos insistido en la necesidad de que el Estado mexicano asuma sus obligaciones internacionales en materia de protección y promoción del trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos. En este sentido, el Informe de la Relatora coincide con el de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de 2009 y su actualización de 2010, conforme al cual el 98.5% de los incidentes de amenaza, hostigamiento o ataques contra defensores quedó impune... ...En consideración a lo anterior y al contexto generalizado de vulnerabilidad de defensoras y defensores de derechos humanos y sus familias en México, las organizaciones firmantes: 1.       Suscribimos la recomendación de la Relatora al gobierno federal en el sentido de que cumpla con su compromiso de establecer un mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas que incorpore una perspectiva adecuada a las especificidades del trabajo de las defensoras y defensores de derechos de las mujeres y/o las cuestiones de género; 2.       Que, en seguimiento de las recomendaciones del Informe de la Relatora y el de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de 2009, las autoridades mexicanas hagan un reconocimiento público de la labor de las y los defensores de derechos humanos del país y que cese la estigmatización y persecución de nuestra labor; 3.       Demandamos a las autoridades que cumplan con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de amenazas, hostigamiento y ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos. Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, A.C. (ACUDDEH) Alternativas Pacíficas, A.C. Arthemisas por la Equidad, A.C. Article 19 Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (AsiLegal) Asociación Jurídica Juvenil de Puebla A.C. Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC México) Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) Asociacion Queretana de Educación para las Sexualidades Humanas, A.C. (AQUESEX) Católicas por el Derecho a Decidir – México, A.C. (CDD México) Centro Cultural Esperanza Rodríguez, A.C. Centro de Atención e Incidencia para la Salud y los Derechos Sexuales A.C. Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Centro ProDH) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Guanajuato) Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) Centro Mujeres A.C. Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) Centro para el Desarrollo de las Mujeres A.C. Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COMDH) Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH) Códice SC Comité Cerezo México CreSer, Espacio para el Crecimiento Personal (Los Cabos, BCS) DDESER- Red por los derechos sexuales y reproductivos en México Diversidades y No Discriminación, A.C. Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia Foro de Mujeres y Políticas de Población Frente por la Cultura Laica Frontera con Justicia, A.C. Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C. Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas, A.C. Humanidad sin Fronteras, A.C. Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, A.C. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD) Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Ipas México, A.C. Modemmujer, Red Feminista de Comunicación Electrónica. Movimiento Social y Juvenil 20 de Noviembre Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Programa Jóvenes en Acción en BCS Red Ciudadana Feminista de México (RECIFEM) Red de Abogad@s por la Defensa de la Reproducción Elegida (RADAR 4°) Red de Mujeres de Guerrero, A.C. Red Democracia y Sexualidad, A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT) (conformada por 70 organizaciones en 23 estados) Más Información

PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA LIBERTAD A EJIDATARIOS EN CHIAPAS

 

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

07 de febrero de 2011

AU 01

Acción Urgente

Privación Arbitraria de la Libertad a ejidatarios en Chiapas

• Gobierno estatal mantiene detenidos a 10 ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña.

El pasado 3 de febrero fueron detenidos de manera arbitraria 117 ejidatarios, indígenas tseltales, de San Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, Chiapas; las personas detenidas, adherentes a La Otra Campaña (en adelante LOC), señalaron que entre las irregularidades en el proceso legal no contaron con abogado defensor ni interprete calificado, además fueron amenazadas por policías estatales y hostigados por el Ministerio Público.

Según datos con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos, la detención de los ejidatarios ocurrió mientras se encontraban reunidos, a la altura de la entrada a las Cascadas de Agua Azul, acordando la respuesta que darían al gobierno estatal sobre el ofrecimiento de iniciar una mesa de diálogo entre las partes; fue entonces cuando policías estatales realizaron la detención masiva, persiguiendo a los que buscaban refugio en las casas de los vecinos de la zona.

Al día siguiente, 4 de febrero, comenzaron los interrogatorios y el desahogo de pruebas, les hicieron la prueba de rodizonato de sodio y fueron obligados a dar muestras de orina para exámenes toxicológicos; durante todo el proceso refirieron que en ningún momento fueron asistidos por abogado defensor, ni auxiliados por interpretes calificados de acuerdo a su lengua y cultura. Los testimonios señalan que durante la recepción de sus declaraciones ministeriales, recibieron amenazas por parte de policías estatales y hostigamiento de servidores públicos responsables de la procuración de justicia.

Según datos, aproximadamente a las 02:00 hrs., del día 5 de febrero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas liberó a 107 ejidatarios y a las 20:00 horas, del mismo día, fueron consignadas 10 personas, entre ellas un menor de edad, al Juzgado Penal de Playas de Catazajá y trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 (CERSS No. 17) en el Municipio de Playas de Catazajá, Chiapas, bajo las acusaciones de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del Estado, bajo el expediente penal No. 39/2011.

Las ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a LOC, que permanecen detenidos son:

• Mariano Demeza Silvano (menor de edad, tiene 17 años)
• Domingo Pérez Álvaro (forma parte de la Comisión de promoción)
• Pedro Hernández López (secretario del comisariado ejidal)
• Miguel López Deara (suplente del consejero ejidal)
• Domingo García Gómez (integrante del Comité de Defensa de Derechos)
• Juan Aguilar Guzmán (Principal cajero)
• Pedro García Álvaro (con discapacidad mental)
• Jerónimo Guzmán Méndez (ejidatario)
• Pedro López Gómez (ejidatario)
• Miguel Álvaro Deara (ejidatario)

El día 6 de febrero, el gobierno del estado de Chiapas anunció públicamente el inicio de una mesa de diálogo entre las partes; sin embargo los ejidatarios adherentes a LOC no se presentaron debido a que la propuesta no respetó que ya existía un proceso de diálogo para llegar a un acuerdo comunitario, además indicaron haber sido agredidos y despojados violentamente de la caseta de cobro por el grupo de ejidatarios “oficialistas”; que el gobierno estatal mantiene a 10 ejidatarios presos y que cuerpos policiacos mantienen ocupado el territorio que ancestralmente les pertenece.

 

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JUVENTUD, NIÑES Y NARCOTRAFICO

Miguel Concha

Dada la cantidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas de la lucha contra la delincuencia organizada o se han visto involucrados en el narcotráfico, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentó el pasado lunes en Ginebra, ante el Comité de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, un informe alternativo sobre el cumplimiento del Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados en el país. Teniendo en cuenta las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano en la materia, en la parte correspondiente a prevención, analiza el reclutamiento voluntario de menores de 18 años de edad y mayores de 16 en las unidades de transmisiones del Ejército, así como su formación militar, régimen castrense y condición civil ambigua en las escuelas militares a partir de los 15 años, y la posibilidad de adelantar, de acuerdo con sus necesidades e intereses, con la autorización de sus padres o tutores, su servicio militar a los 16 o 17 años. Señala incluso la participación en 2009 de 314 de este último grupo en actividades de adiestramiento para la erradicación de cultivos de amapola y mariguana, y la participación ese mismo año del primer grupo en actividades de búsqueda, localización y destrucción de enervantes en Mazatlán.

La Redim calcula que tendencialmente más de mil niños, niñas y adolescentes han perdido impunemente la vida en los últimos años en el combate contra los cárteles, pues los datos requeridos a las dependencias oficiales son parciales e incompletos. Y afirma también que según cifras de la Academia unos 30 mil niños y niñas cooperan con los grupos criminales en distintas formas, involucrados en la comisión de unos 22 delitos, desde tráfico de drogas hasta secuestro de personas, desde trata de seres humanos hasta extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etcétera. Todo ello sin contar a los que han quedado lisiados, huérfanos de uno o los dos padres, de sus familiares adultos y en el desamparo. Especifica que en general –aunque ahora ello también depende de las actividades y capacidades concretas delictivas que van adquiriendo–, los más pequeños, pertenecientes más bien a bandas y pandillas locales, trabajan en el narcomenudeo y como vigilantes de las actividades que realizan las organizaciones criminales. Los más grandes, en cambio, enrolados muchas veces en la base operativa de las mafias trasnacionales, trabajan en el traslado de la droga, y comienzan ya a ser contratados como sicarios a partir de los 16 años. A las niñas se les ocupa en el empacamiento de la droga.

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