Convocatoria: TALLER DE GESTIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

Con el objetivo de aportar herramientas que permitan a las y los participantes contar con nuevas perspectivas para comprender los conflictos, así como apoyar en su resolución al interior de los espacios laborales, Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA AC), convoca a emplead@s y empleador@s del sector privado, público y social, a participar en el taller “Gestión de Conflictos Laborales”.

Derecho a la educación de niñas y niños en riesgo en Guaquitepec Chilón Chiapas

Boletín de prensa
Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural

• Alto a las agresiones a la Escuela Bilingüe Emiliano Zapata y al Bachillerato Intercultural Bartolomé de las Casas de Guaquitepec Chilón Chiapas.

Una de las experiencias ejemplares y exitosas en educación comunitaria desde los pueblos y para los pueblos es la desarrollada por el Patronato Pro Educación Mexicano A.C. en la comunidad de Guaquitepec, municipio de Chilón en Chiapas, la Secundaria Bilingüe Emiliano Zapata y el Bachillerato Intercultural Bartolomé de las Casas representan experiencias educativas pertinentes desde los pueblos.

Desde ya hace varios meses la secundaria y el bachillerato han sido agredidos por caciques de la región. Aún cuando existen ordenes de aprensión contra algunos de estos delincuentes, siguen utilizando su poder y relaciones para no ser detenidos y continuar manipulando a un grupo de campesinos para agredir al personal de las escuelas y los miembros de la comunidad organizada así como destruyendo las instalaciones.

Ante tal situación el Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural hace un llamado urgente a las autoridades estatales, el gobernador y su secretario de gobierno, para que asuman una actitud responsable para solucionar conforme a derecho el violento conflicto en la comunidad.

Apoyamos a la comunidad de Guaquitepec y al Patronato Pro Educación Mexicano A.C. y nos sumamos a sus demandas:

Denunciamos los hechos violentos, las agresiones  y amenazas a las personas  y  el allanamiento y destrucción de las instalaciones de nuestras escuelas y demás áreas del proyecto del Patronato Pro Educación Mexicano.

Exigimos la inmediata actuación de las autoridades competentes para evitar una escalada del conflicto y más enfrentamientos entre las personas de la comunidad donde haya más consecuencias que lamentar.

Exigimos la detención de los líderes invasores, Antonio Mazariegos López y Juan Pérez Gutiérrez, así como de las demás personas responsables del secuestro de nuestro compañero y del allanamiento y destrucción de nuestras instalaciones.

Exigimos la restitución del inmueble despojado a la escuela Emiliano Zapata y la reparación de daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones y equipos de todas las áreas del Patronato.

Responsabilizamos a los invasores por cualquier atentado a la seguridad de los miembros del Patronato y sus familias y a las personas de la comunidad que colaboran en él.

Invitamos a las organizaciones y a la sociedad civil nacional e internacional a apoyarnos en la exigencia de justicia.

Por una educación desde los Pueblos y para los Pueblos.

Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural

México, D.F. a 26 de septiembre de 2011.

FUENTE

PUEBLOS INDÍGENAS EN CHIAPAS: ¿LOS DERECHOS EN SERIO?

Magdalena Gómez

El proyecto Sabines aprobó a finales del pasado junio una nueva Constitución en la entidad chiapaneca, cuya singularidad radica en la incorporación, casi transcripción, de algunas normas de la declaración universal de los derechos humanos, las cuales ya existen a escala nacional, sobre todo a raíz de la reciente reforma al artículo primero de la carta fundamental. El documento constituye una prueba fehaciente de cómo se utiliza al derecho como discurso político sin consideración a las prácticas de gobierno que no guardan concordancia con dichos enunciados. En este caso la afrenta es doble, pues los mismos derechos, tratándose de pueblos indígenas, son mutilados para dejarlos sólo en su dimensión individual, eludiendo la colectiva, que es la que les da razón de ser. En este caso, ni por retórica se refirieron al contenido de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

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Van algunas perlas del documento que sirve para consolidar una imagenprogresista con la anuencia de espacios de Naciones Unidas que han sido proclives al gobierno de la entidad chiapaneca: se instaurarán políticas públicas que beneficien a los grupos con mayor grado de vulnerabilidad, como indígenas, adultos mayores, mujeres, niños y personas con capacidades diferentes, quienes son frecuentemente objeto de violaciones a sus derechos humanos. Sí, para empezar, reiterando el uso del concepto de vulnerables, que ha sido ampliamente cuestionado. Y siguen las disposiciones individuales desglosadas en un capítulo específico, con menciones de origen colectivo bajo el reduccionismo de los usos y costumbres antes que la autonomía y libre determinación y la transcripción del cuestionado artículo segundo constitucional, cuya contrarreforma, en 2001, pretendió hacer como que cumplían los Acuerdos de San Andrés. A estas alturas les resultó mejor a los poderes chiapanecos no mencionarlos.

Para que no quede duda de su encuadre anotan: “En el marco de las garantías individuales y los derechos humanos, el Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas…” Luego anotan que también los indígenas gozan de los derechos de todas y todos, como ya suponíamos que había quedado claro, reiterando su enfoque de géneroprofusamente y deslizando sus objeciones culturales al respecto como si fueran propias sólo del ámbito indígena: “Fomentará, asimismo, la plena vigencia de los derechos de los indígenas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna y decorosa, así como los derechos de las mujeres y niños.

Se reconoce y protege el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones, fomentando la participación de las mujeres.

¿En verdad pensarán que en la cuna del movimiento zapatista se ganarán el respeto de los pueblos reiterando los candados impuestos en 2001 incluso en materias que no les competen, como los recursos naturales? Eso sí, no se olvidaron de plasmar la reiteración de la suplantación de la autonomía: El Estado, con la participación de las comunidades indígenas, instrumentará los planes y programas necesarios para impulsar su desarrollo socioeconómico con perspectiva de género. No podían faltar las normas individuales con vigencia de más de dos décadas respecto a traductores y defensores, y consideraciones culturales al juzgar a indígenas y en cuyo pleno cumplimiento también han fallado. Rematan colocando el énfasis en los municipios antes que en los pueblos para autorizar la histórica resolución de conflictos propios de los pueblos, cuando el Estado no interviene para favorecer a caciques o propiciar paramilitares. ¿Por qué no prohibieron y penalizaron dichas prácticas? Concluyen con el compromiso de reconocer las formas tradicionales de constituir la familia indígena. En suma, con esta visión se suman a la tendencia nacional reduccionista sobre derechos de los pueblos, lo cual es grave en sí mismo, pero más lo es que la creciente agresión de algunas organizaciones hacia las juntas de buen gobierno zapatistas permanezcan impunes, acudiendo al expediente de la confrontacióncomunitaria.

Ya no les basta con la presión de los apoyos gubernamentales; ahora van sobre las tierras. ¿Hasta dónde pretenden llevar esta situación? Si ya están revirtiendo todo el ámbito del derecho, ahora juegan con fuego si favorecen a quienes practican el despojo y la agresión. ¿Qué están haciendo los espacios burocráticos relativos a fiscalías de justicia indígena o consejos de derechos humanos? ¿Y las agencias de Naciones Unidas? ¿Será que suponen que el derecho es un discurso sin referencia a sus prácticas?

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DENUNCIA ESTADO DE EMERGENCIA EN ZONA ZAPATISTA Y REPRESIÓN AL PUEBLO YAQUI

Debido a las más recientes amenazas de muerte y de arrebato de tierras recuperadas desde el alzamiento zapatista del 94, desde la Red contra la Represión y la Solidaridad se ha convocado a una jornada de movilización a nivel nacional e internacional para demostrar el apoyo y el respaldo total al modo de vida que han elegido los y las zapatistas en Chiapas: la autogestión y autosuficiencia al margen del Estado mexicano.

Los dos más recientes casos, sangrantes ambos, nos llevan a las comunidades de San Patricio y San Marcos Avilés (municipio oficial de Chilón), en las cuales las bases de apoyo del EZLN andan recibiendo brutales intimidaciones y consecuencias de desplazamientos forzosos, siendo la situación de emergencia alimentaria y sanitaria, además de tener bloqueada la escuela autónoma.

La estrategia diseñada desde las más altas instancias de los gobiernos izquierdista estatal y derechista federal, con Juan Sabines Guerrero y Felipe Calderón Hinojosa respectivamente como máximos responsables, siguen poniendo su punto de mira en las Comunidades que resisten a los planes del capitalismo agonizante. Ya sea bajo el nombre de Plan Mesoamérica, de los objetivos del Milenio de la ONU, el PROCEDE o las Ciudades Rurales Sustentables (CRS), el objetivo es el mismo: destruir una alternativa de vida que produce escalofríos en los dueños de las multinacionales y los poderes fácticos que desgobiernan las democracias formales.

Precisamente en México son los Pueblos Indios, organizados en el Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes por sus modos ancestrales de concebir la vida y la relación con el ecosistema suponen hoy la mayor amenaza para que los planes trazados desde arriba no puedan acometer su fin. Su chispa enciende la llama de la rebeldía en niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y trasciende fronteras. Su lucha por la autonomía nos hermana a quienes creemos en la libertad, la democracia directa y la justicia.

Esta política de hondo desprecio y criminal represión se repite de forma contundente con todos los pueblos indígenas en lucha, que al igual que en Chiapas, defienden sus tierras y territorio. En Michoacán, los comuneros nahuas de Ostula están siendo asesinados por defender su territorio, asimismo los comuneros purépechas de Cherán se encuentran amenazados por defender sus bosques y comunidad de talamontes y narcotraficantes. En Sonora, los pueblos yaquis están sufriendo represión por oponerse a la construcción del acueducto “Independencia”, defendiendo así el agua del Río Yaqui que les da la vida y la identidad. En Wirikuta, la zona ritual del pueblo huichol en San Luis Potosí, así como en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas de Guerrero, existe la amenaza de que se establezcan explotaciones mineras de capital canadiense. Éstos son sólo algunos ejemplos. En toda la geografía de México, se repiten las historias de despojo, saqueo y muerte, que es la forma como serán recordados y condenados los gobiernos de arriba por los pueblos, que son quienes realmente viven y hacen la Historia.

Las honestas y arriesgadas luchas que protagonizan los pueblos libres tienen también rostro. Los miembros de estos pueblos siempre están en peligro de ser arrestados mediante la fabricación de delitos, recayendo la brutalidad sistémica encima de ellos y ellas pasando a ensanchar la escandalosa realidad de la prisión política. El cercano caso de Rocío Moreno, representante de los comuneros de Mezcala, Jalisco, así lo confirma. Y la prisión, como siempre, sirviendo a los funcionarios de cualquier nivel para dejar claro quien manda, como es el caso del colectivo la Voz del Amate y Solidarios con la Voz del Amate en las cárceles de Chiapas, a cuyos miembros hace escasos días se les ha restringido severamente el tiempo de visita.

Desde la CGT, a 22 de septiembre de 2011, jornada nacional e internacional de apoyo a l@s zapatistas, denunciamos enérgicamente los violentos cercos formados por paramilitares y funcionarios estatales de Chiapas y también en Sonora además del indispensable apoyo federal en dichas labores para intentar frenar y revertir los procesos de autodeterminación que nos corresponden a todo aquél grueso de la sociedad que anhelamos, y ya estamos ejerciendo, ese mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.

¡Alto a la Guerra de Baja Intensidad en Chiapas!
¡Viva el EZLN!

¡Alto al Acueducto “Independencia”, a la privatización del agua y a la represión contra el Pueblo Yaqui!
¡Viva el CNI! ¡Abajo la criminal Ley de Seguridad Nacional!


“¡Nunca más un México sin nosotros!”

FUENTE

México es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente

Boletín de prensa
Observatorio contra la trata de personas / CAM

• Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Mujeres, Niños y Niñas.

El recrudecimiento de la pobreza, la falta de empleo, salud, educación y en general la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales repercuten en la aparición e incremento de la trata de personas. Cada vez son más las víctimas reclutadas por enamoramiento, falsas promesas  o formas no violentas puesto que el sistema proxeneta promete una vida en donde las necesidades económicas, afectivas y sociales estarán cubiertas.

El sistema de la trata de personas, explota a seres humanos sin ninguna consideración a su vida, libertad e integridad personal, o derechos. Se agrava debido a la complejidad que representa la globalización, el movimiento y recursos del crimen organizado lo cual repercute en el debilitamiento de las instituciones que no logran detenerlo.

México es el segundo país de América Latina con mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente sólo rebasado por Brasil. A nivel mundial es el segundo país que más víctimas de trata provee a Estados Unidos, superado únicamente por Tailandia.¹ En México, tan solo en la capital 10 mil mujeres son explotadas anualmente.²

La legislación promulgada en nuestro país (desde el 2007) ha evidenciado sus carencias. El contenido de delito de trata de personas, las acciones consideradas ilícitas y las penas varían en las diversas entidades federativas así como en el ámbito Federal, lo cual crea un problema de acceso a la justicia para las víctimas que son explotadas a lo largo del país.   

La política pública y el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas no contemplan medidas adecuadas y efectivas, se sustentan en criterios subjetivos y no en información objetiva del fenómeno. Tampoco atacan la discriminación estructural preexistente que  permite la existencia del delito.

Una de las causas de la deficiencia en las políticas públicas sobre el fenómeno es que no  existen bases de datos del delito de trata y todos los relacionados con él como son: el feminicidio, el secuestro de migrantes y transmigrantes, el secuestro, la violencia contra la mujer, las desapariciones de mujeres, niñas y niños sin atender las obligaciones que tiene el Estado mexicano debido a los tratados ratificados por él y al incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso “Campo algodonero” que obliga al Estado mexicano a crear estas bases de datos.

No existe un diagnóstico del fenómeno que relacione las modalidades de la trata en el país con la migración, el abuso de los usos y costumbres de comunidades indígenas y  campesinas, la pobreza, la corrupción, las carencias afectivas y la pérdida de la solidaridad siendo que éstos son factores que facilitan el fortalecimiento y operación del sistema proxeneta.

En materia de acceso a la justicia prevalece la impunidad por la inactividad procesal en el procedimiento penal, la falta de investigación, la corrupción y las alegaciones sobre el consentimiento de la víctima para no perseguir el delito. Además, la carga de la prueba recae en la víctima, se carece de infraestructura y personal capacitado para la atención integral de la misma. La Federación reporta hasta julio del 2010, dos sentencias, el Estado de Chiapas reporta una y en el Distrito Federal tres. En 2010 los órganos de procuración de justicia de la Ciudad de México (PGJDF) investigaron formalmente sólo 40 casos de trata de personas. Lo anterior corrobora que la situación es crítica y alarmante al ubicar a México como uno de los principales países de mayor explotación sexual en el mundo.

El “combate” al crimen organizado por parte del actual gobierno mexicano ha sido utilizado por el  Estado para justificar la impunidad imperante y la corrupción. Ello permite que en pleno Siglo XXI persista la explotación humana sin tomar todas las medidas propuestas en el marco internacional para erradicar la trata de personas. El Reporte del Departamento de Estado de EUA afirma que el gobierno de México no cumple con todos los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas³.

Por eso hacemos un llamado:

• Al Estado Mexicano a cumplir con sus obligaciones y proteger los derechos humanos y libertades de sus habitantes;
• A modificar la legislación acorde con los tratados firmados y ratificados, sobre todo aquellos referidos a la violencia de la mujer como son la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación y Prostitución Ajena de 1949; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, también conocido como el Protocolo de Palermo; la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Belém do Pará”; el Convenio 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso entre otras. Estos instrumentos internacionales obligan al Estado a investigar y esclarecer las desapariciones de mujeres y el feminicidio que pueden estar vinculados con la trata o explotación sexual;
• A los habitantes del Distrito Federal a unirse a la red de informantes del OBSERVATORIO, y de manera confidencial o abierta  participar en la visibilización de la problemática a través de la denuncia ciudadana. www.camontesinos.org.mx

No permitamos tan grave violación a los derechos humanos,
No a la esclavitud en México,
No a la trata de personas.
Observatorio contra la trata de personas
Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos
www.camontesinos.org.mx
55-44-05-08 y55-44-05-41

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Notas

1. CNDH, “Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México”, Óp. Cit. Pág.:  179

2.  Contralínea, ―Trata de mujeres, problema de género, 12 Octubre 2010, disponible en http://contralinea.info/archivorevista/ index.php/2010/10/12/trata-de-mujeres-problema-de-genero. Íbid. p. 74

3.  Véase Embajada de los Estado Unidos en México, disponible en:  http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/democracia.html

México D.F, 23 de septiembre del 2011.

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Agresiones contra defensores en Tenosique, Tabasco

 

Tenosique, Tabasco, 18 de septiembre de 2011.

El día 17 de septiembre de 2011, varios defensores de derechos humanos sufrimos las vejaciones, abuso de autoridad, intimidación y amenazas por miembros del ejército mexicano, la Policía estatal de Tabasco, la Policía municipal, la dirección de Tránsito del Municipio de Tenosique.

Durante este evento se amenazó nuevamente a Fray Tomás González, presidente del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y director de La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes, quien la semana anterior recibió una amenaza de muerte por vía telefónica y quien el día anterior, en Palenque, participó en el evento de la Caravana Sur del Movimiento por la Paz y denunció públicamente los abusos que cometen diversas autoridades contra migrantes, en particular el Instituto Nacional de Migración.

Relato de los hechos

El 17 de septiembre, aproximadamente a las 5 de la tarde estábamos estacionados frente al campus de la UJAT en Tenosique cuando miembros del Ejército mexicano a bordo de una camioneta con número 0818304, se acercaron y nos dijeron que tenían que inspeccionar la unidad porque éramos sospechosos. Preguntamos de qué, no supieron contestar, exigimos que viniera Seguridad Pública del Municipio. Poco después llegaron dos patrullas de la Policía Estatal con números 332 y 278, sin decir nada, nos encañonaron y uno de los policías golpeó en el rostro a Rubén Figueroa, defensor de derechos humanos de migrantes. Esto nos preocupó mucho e hicimos contacto con otros defensores a nivel nacional.

Minutos después llegó un hombre a bordo de una camioneta Ford – Lobo, con placas RB - 94 – 861, de Nuevo León. Venía vestido de manera informal con playera y pantalones cortos de color verde (como los que usa el Ejército). Se dirigió a los miembros del Ejército y les dijo que revisaran la camioneta a la fuerza y que bajaran a la fuerza a la gente. Fr. Tomás González le tomó fotos y el hombre lo empezó a insultar verbalmente diciéndole: “Hijo de tu puta madre, te voy a romper todo lo que tienes de madre, pinche indio pendejo taimado no vales nada, hasta borracho estás cabrón” y amenazó con golpearlo. A lo que el fraile respondió que cuidara mucho sus palabras, que lo estaba amenazando y que había testigos (más de 20 policías estatales y más de 15 soldados). El hombre dijo nuevamente con insultos: “aquí nadie es testigo de nada, nadie vio ni escuchó nada”. Efectivamente ninguno de los presentes se movió para frenar la agresión. En ese momento entró al celular de fray Tomás una llamada de personal de la Quinta Visitaduría de la CNDH y, al ser informados de la situación, pidió que le comunicara a este personaje. Él con insultos expresó que no tenía nada que hablar con nadie, que los derechos humanos no valían para nada. Nuevamente Fr. Tomás fue amenazado por este hombre en presencia de la Policía y el Ejército. Cuando llegó al lugar el Presidente Municipal de Tenosique y señaló que ya había hablado con el Capitán Rodríguez, éste se acercó, se arrogó la responsabilidad del operativo pero no quiso dar su nombre completo. Al indicarle Fr. Tomás el incidente que había ocurrido y las amenazas del hombre de la camioneta lobo el “Capitán Rodríguez” dijo “aquí no ha pasado nada”.

Momentos más tarde elementos de Tránsito Municipal, tres patrullas de la Policía municipal, así como una tanqueta más del Ejército mexicano con alrededor de 20 soldados fuertemente armados y con pasamontañas se sumaron a la intimidación y retención, en repetidas ocasiones hicieron el intento de bajarnos del vehículo a lo cual nos oponíamos porque nuestras vidas corrían peligro.

Los que estábamos a bordo de la camioneta nos sentimos bastante intimidados y decidimos no bajar más del carro hasta que llegara la CNDH. La retención ilegal, el hostigamiento y la intimidación duraron cerca de cuatro horas. Alrededor de las nueve de la noche se retiraron las camionetas del ejército y de la policía y nos mantuvimos aún en el lugar por más de dos horas esperando al personal de la CNDH.

Frente a todo esto declaramos:

Comprobamos que los cuerpos de seguridad ejercen de manera represiva e intimidatoria un brutal uso de su investidura.

Estos hechos ocurren en el contexto de frecuentes denuncias y acciones que defensores de derechos humanos hemos hecho; leemos estos acontecimientos como actos de intimidación que pretenden impedir nuestro trabajo y perpetuar abusos e impunidad, en este caso y de manera especial contra personas migrantes.

Ocurre también este hostigamiento en una jornada en la que ocurrieron diversos incidentes que afectaron de una u otra forma a la Caravana Sur del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad o a quienes participan en ella, lo cual deploramos enérgicamente.

Exigimos:

Garantizar la seguridad de quienes colaboran en La 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes y en el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, ambos en Tenosique y garantizar que puedan desarrollar tanto la labor humanitaria como la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.

Investigar a los cuerpos de seguridad: Ejército; Policía Estatal, Policía Municipal y dirección de Tránsito que participaron en las agresiones hacia los defensores, amenazados e intimidados en Tenosique el día 17 de Septiembre de 2011.

Ante el aumento de agresiones y la participación en este incidente de la Policía estatal de Tabasco, cuerpo que está a cargo de la vigilancia del albergue como parte de las medidas precautorias solicitadas por la CNDH debido a anteriores amenazas, se hace indispensable que este organismo nacional dicte medidas de protección efectivas y acordes con la gravedad y el aumento de los incidentes y exija garantías de cumplimiento de dichas medidas.

Atentamente,

Centro de Derechos Humanos del Usumacinta A.C.
La 72 – Hogar Refugio para Personas Migrantes
Movimiento Migrante Mesoamericano
Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

 

FUENTE

Seguridad Nacional vs Derechos Humanos

 

En estos días que se ha rememorado la tragedia del 11 de septiembre,se ha insistido en la desgracia y también en la inseguridad que se experimenta ante la fragilidad del que sigue siendo el país más poderoso del mundo;sin embargo,en este aniversario es necesario incluir algunas de las consecuencias nefastas para nuestro país.


El derrumbamiento de las Torres Gemelas ha sido tratado como un acto de “terrorismo”;desde entonces,el primer mal en el mundo es aquél que tiene que ver con los actos interpretados como tales. De esta lógica se ha desprendido una serie de normas internacionales para evitar que vuelva a suceder;por ejemplo,la Ley Patriótica,que promulgada el 26 de octubre,restringe las libertades civiles y permite la detención indefinida de migrantes,cateos sin ninguna autorización judicial y la interferencia en la vida cotidiana de los ciudadanos,hurgando en sus comunicaciones. De ahí en adelante se dio en la práctica una criminalización de la ciudadanía,donde la tortura fue autorizada por Bush en 2006,por lo que Guantánamo ha sido la expresión de los nuevos campos de concentración,donde se permitieron las “técnicas severas”:la privación del sueño,el ahogamiento simulado,sometimiento a ruido o posturas incómodas continuas. A pesar de que a Obama se le concedió el premio Nobel de la Paz en 2009,la cárcel sigue abierta hasta hoy.

Estas precisiones valen la pena ahora que el gobierno de México ha declarado “la guerra” contra el narcotráfico,que el número de muertos asciende a más de 40 mil en lo que va del sexenio y en donde cualquier desacuerdo con el Ejecutivo es leído como un apoyo incondicional a la delincuencia organizada. Recientemente en Veracruz detuvieron a dos personas por los cargos de sabotaje y terrorismo. La juez tercera de primera instancia dictó auto de formal prisión a Gilberto Martínez Vera y a María de Jesús Bravo Pagola luego de que se les señalara como presuntos responsables de la psicosis ocurrida hace unas semanas en el puerto y el municipio vecino de Boca del Río, por supuestos ataques a planteles escolares. Además,se investiga a otros 15 usuarios.

No sólo en Veracruz han ocurrido estas acciones intimidatorias contra quienes se comunican por medio de las redes sociales. El gobernador de Tabasco,Andrés Granier Melo,ha enviado a finales del mes pasado una iniciativa al Congreso para tipificar la alarma social, en la que se señala que todo aquel que por diversos medios,incluidos electrónicos,pueda generar alarma en la sociedad pasará varios años de su vida en la cárcel. Ya muchas personas,tuiteros y usuarios del facebook sobre todo,han empezado a manifestar su preocupación porque no saben si accidentalmente unos de sus mensajes pudieran ser leídos en este sentido.

Con estos hechos se quiere condenar el uso de las redes sociales y enfatizar que la raíz de la violencia actual se halla ahí,evadiendo la responsabilidad del Estado de brindar seguridad y paz con justicia. En estos días,el derecho a la información y a la libertad de expresión parecerían ser lo que está en juego;sin embargo,lo realmente importante es que cualquier acto que no le parezca a las autoridades,puede ser criminalizado como “terrorismo”.

Es fácil aceptar como cierto y valioso el seguimiento a los “actos terroristas” por el influjo ideológico que se ha derivado del 11-Septiembre. El gobierno de Felipe Calderón y como vimos,de algunos gobernadores,quieren hacernos creer que tenemos que elegir entre la seguridad y nuestros derechos constitucionales. Sin embargo,no podemos aceptar que se restrinjan los derechos fundamentales con el pretexto de la seguridad.

 

FUENTE

Bienvenida la Caravana al Sur del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 12 de septiembre de 2011.

La sociedad civil de Chiapas saluda y da la bienvenida a la Caravana al Sur del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y considera importante manifestar lo siguiente:

Para nosotros, la llegada de la caravana significa la oportunidad de encontrarnos como pueblos, comunidades y personas, para compartir nuestras experiencias en relación con la situación de violencia y muerte provocada por la guerra emprendida por el Gobierno encabezado por Felipe Calderón con el pretexto del combate al crimen organizado. 

Queremos subrayar que para nosotros el objetivo fundamental de la caravana es el encuentro de la sociedad civil y de todos quienes hemos sido afectados por la guerra, y por tanto condenamos cualquier intento de las autoridades gubernamentales y de los partidos políticos de capitalizar la movilización con fines políticoelectorales. 

De entrada, queremos manifestar nuestra solidaridad y simpatía con las causas que impulsa el Movimiento por la Paz con justicia y Dignidad, mismas que se sintetizan en los siguientes puntos: 

1) La exigencia de verdad y justicia.

2) Cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en los derechos humanos.

3) Combatir la corrupción y la impunidad.

4) Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.

5) La atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas para la recuperación del tejido social.

6) Establecer una democracia participativa y representativa, y la democratización de los medios de comunicación. 

Si bien comprensiblemente la atención ciudadana está puesta en la guerra contra el crimen organizado y sus devastadores efectos, que se resienten de manera particular, pero no exclusiva, en los estados del norte del país, queremos recordar que en Chiapas vivimos una guerra de graves y profundas consecuencias desde hace por lo menos tres sexenios, que consiste en una estrategia de contrainsurgencia manifestada en la fuerte ocupación militar de gran parte del territorio, la formación de grupos paramilitares, y la represión y criminalización de la protesta social y de los defensores de derechos humanos.

A partir del levantamiento zapatista, en 1994, decenas de miles de soldados y marinos se han instalado en el territorio chiapaneco, a los que habría que agregar los que han llegado recientemente para reforzar la seguridad en la frontera sur. 

Esta guerra de contrainsurgencia tiene por objeto el despojo y la apropiación del territorio de los pueblos indígenas para su explotación a favor de intereses trasnacionales, lo que tiene como consecuencia la depredación y destrucción de los bienes naturales, la riqueza cultural y el tejido social de los pueblos originarios. 

Y aquí hablamos de los megaproyectos mal llamados ecoturísticos, de las concesiones mineras, la construcción de presas, el saqueo de la biodiversidad, o los proyectos de reconversión productiva, entre otras manifestaciones. 

Por si fuera poco, en Chiapas empezamos ya a vivir las primeras fases de la guerra contra el crimen organizado, a consecuencia de la sumisión del gobierno mexicano a los deseos de EU que desde el mes de abril, por boca del jefe del Comando Norte de dicho país, advirtió que México pronto tendría que abrir en su frontera sur otro frente en su lucha contra el crimen organizado. 

No podemos pasar por alto que las condiciones de violencia que se viven en México han alcanzado a Guatemala y a otros países centroamericanos, situación que se ha dado en gran medida por el hecho de que en Chiapas, y principalmente en la región fronteriza, existen condiciones de gran violencia que han sido reiteradamente ocultas e invisibilizadas. 

No hay que olvidar que por la frontera de Chiapas pasa todo: migrantes, drogas, armas y todo tipo de tráfico ilegal. 

En el sur, compartimos con la frontera norte el secuestro, la desaparición de migrantes, las ejecuciones y el asesinato de mujeres, entre otros flagelos que permanecen en la más absoluta impunidad. 

Por todo lo anterior, desde Chiapas queremos pedir, junto con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el fin no sólo de la guerra contra el narcotráfico sino de todas las guerras que padecemos en nuestro estado y en todo el territorio nacional. 

Consideramos que la actual estrategia bélica contra el crimen organizado lejos de ser una solución al problema de la violencia, abona a su recrudecimiento y ha precipitado al país a una situación de emergencia, que demanda de nosotros como sociedad civil un esfuerzo urgente de articulación y diálogo en la búsqueda de una paz con justicia y dignidad. 

Desde aquí, nos manifestamos enérgicamente en contra de la aprobación de la ley de seguridad nacional y de la continuación de una estrategia basada exclusivamente en un enfoque militarista. La salida a la emergencia nacional no está en ampliar las atribuciones del ejército sino en atender las demandas sociales, garantizar el respeto a los derechos humanos y reconstruir el tejido social. 

Para Chiapas, exigimos:
* el fin de la guerra de contrainsurgencia
* y específicamente, el cese del hostigamiento en contra de las comunidades autónomas zapatistas, de las adherentes a la Otra Campaña y de todos los Pueblos que defienden su Territorio y su Autonomía.
* la liberación de los presos políticos.
* tránsito libre y seguro de nuestros hermanos migrantes
* que se cumplan los Acuerdos de San Andrés.

Atentamente:

Rafael Landerreche
Ma. de la Luz Rodríguez López
María Elena Carrizales Arredondo, Misionera Seglar Diocesana, (MISED)
Gaspar Morquecho
Ernesto Ledesma Arronte
Guillermo Villaseñor García
Dolores González Saravia
Patricia Vega
Luis Menéndez Medina
Ana Cristina Vázquez Carpizo
Axel Köhler
Floriano Enrique Hernández Cruz
Xóchitl Leyva Solano
Daniel Villafuerte Solís
María del Carmen García
Araceli Burguete Cal y Mayor
Diana Reartes
Gabriela Robledo
Teresa Ramos Maza
María Elena Martínez
Ronald Nigh
Patricia Camacho Guevara
Gabriel García Salyano
Fco. Javier Reyes R. (Vicaría de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal)
Salud Y Desarrollo Comunitario A. C. (SADEC)
Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. (MPS)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indigenas, A.C. (DESMI) / integrante de la Red por la Paz Chiapas
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH) / integrante de la Red por la Paz Chiapas
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco) / integrante de la Red por la Paz Chiapas
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ) / integrante de la Red por la Paz Chiapas
Educación para la Paz, A.C. (Edupaz) / integrante de la Red por la Paz Chiapas
Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C. / integrante de la Red por la Paz Chiapas
Centro de Derechos Indigenas A.C. (CEDIAC) / integrante de la Red por la Paz Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. / integrante de la Red por la Paz Chiapas
Colectivo Pozol de Tuxtla Gutièrrez
Parroquia San Bartolomé Venustiano Carranza
Colectivo Isitame, A.C.
El Área de Mujeres de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C.
La 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA)
Fundación León XIII – Chiapas
Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C
Colectivo Ik'
El comité pro-mejoras de la Ribera Cahuaré y los habitantes de la Ribera
Equipo de Apoyo en Salud y Educación Comunitaria A.C. (EAPSEC)
Colectivo 99.1 Frecuencia Libre de San Cristóbal

La violación sistemática de DH como política de Estado durante el sexenio 2005-2011 en el Estado de México

Un informe sobre violaciones sistemáticas en el sistema de justicia penal contra de las mujeres, los DESCA y defensoras y defensores de DH.

El día de hoy, 7 de septiembre, se llevó a cabo la presentación del Informe “La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado. Análisis documentado de la gestión de Enrique Peña Nieto”, en el Centro Prodh. José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, Luz María Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir y Sandino Rivero Espinosa de Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos.

 
En el evento, José Rosario Marroquín señaló que el Informe sobre violaciones a derechos humanos en la gestión de Enrique Peña Nieto surgió como respuesta a la necesidad que como ciudadanas y ciudadanos tenemos de informarnos sobre las acciones de los gobernantes, pero también por hacer valer el derecho que tenemos de exigir el respeto y la vigencia de nuestros derechos humanos. Destacó que este Informe es, sobre todo, producto de la recuperación de la memoria y de la voz de las víctimas.
 
El director del Centro Prodh hizo un breve recuento del contenido del Informe, el cual consta de cuatro capítulos. El primero toca las deficiencias del sistema de justicia penal y el uso político y faccioso que se hace de éste para criminalizar, sobre todo, a la juventud. El segundo habla de la violencia contra las mujeres, concretizada en los feminicidios y, por otro lado, en la tortura sexual que sufrieron 47 mujeres en el Operativo de Atenco del año 2006. El tercer capítulo toca el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la defensa del medio ambiente en contra de megaproyectos que lesionan la vida de las comunidades. El último capítulo retoma a los defensores de derechos humanos del Estado de México, quienes por su labor han sufrido amenazas y hostigamientos, pero que no por ello dejan de luchar e, incluso, exponer su vida para lograr justicia.

Después tocó la palabra a Sandino Rivero Espinosa de Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos, quien fue enfático al expresar que los policías ministeriales son los que más abusos cometen en contra de la población; asimismo, que los ministerios públicos no dan a conocer a los detenidos los derechos que tienen, que los jueces no están presentes durante las audiencias y que los defensores públicos llevan a cabo un trabajo de muy baja calidad. De esta forma, en el Estado de México se consolida una política de seguridad de carácter represivo que no minimiza el delito, sino que fomenta y tolera la impunidad.
 
Luz María Estrada de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que las prácticas cotidianas de los gobiernos son las que generan una impunidad sistemática y, como resultado, la incapacidad para defender la vida, la integridad y la seguridad. Dio a conocer que, según las investigaciones del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, desde el inicio del sexenio de Peña Nieto hasta el año 2010, han muerto de forma violenta 922 mujeres, mismas que tenían entre 11 y 30 años. El 60% de ellas fueron encontradas en espacios públicos, evidenciando la mayor expresión de la violencia al abandonar a las víctimas después de haberlas castigado. Asimismo, señaló que el 27% de las víctimas no son originarias del Estado de México y que en el 30% de los casos no se conocía la identidad de las víctimas. En este sentido, manifestó que, en relación a la violencia contra las mujeres, el Estado de México tiene pendiente reconocer la gravedad del problema del feminicidio, reformar los códigos penales para hacer éste un delito autónomo y generar procesos de investigación con perspectiva de género.
 
Por último, el espacio se abrió para que las voces de las víctimas se escucharan y, por sí mismas, pudieran manifestarse ante la falta de justicia en todos sus casos. Expresaron el dolor que sienten, aunque fueron claros al manifestar que la fuerza de la indignación provoca que continúen luchando por la vida y por la justicia.

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México debe cumplir la sentencia dictada por la CoIDH en los casos de Inés y ValentinaAcción Urgente:fabrican delito a defensor de derechos humanos

José León Rivera es defensor de los derechos humanos de Hidalgo. Al firmar la acción urgente,estarás apoyando a que el juez haga justicia y dicte de forma inmediata sentencia absolutoria. ¡Defiende a este defensor de los derechos humanos!

José León Rivera es miembro de la Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” A.C.,agrupación integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”,conformada por más 72 organizaciones de la sociedad civil,cuya labor fundamental consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos en distintas regiones del país. El juicio que hoy en día se le sigue responde al clima de persecución y hostigamiento que las y los defensores de derechos humanos de la región han padecido.

José León Rivera fue víctima de la fabricación del delito de Abuso de Confianza. Quien se ostenta como ofendido,Marcos Zúñiga,fue tesorero hasta 2005 de un Comité de Obra del Barrio Rancho Nuevo,comunidad los Duraznos,conformado con la finalidad de construir un muro vecinal. Como asesor jurídico del señor Zúñiga protestó Caleb Guadarrama Martínez,conocido por el poder que detenta en la región y quien actualmente funge como funcionario federal. El Comité de Obra recibió de parte de las autoridades de Bienes Comunales de Pinalito la cantidad de  veinticinco mil pesos. Ante la insatisfacción de los comuneros de Rancho Nuevo que se verían beneficiados por la obra,derivada de la sospecha de malversación de fondos,se pidió que el entonces tesorero y ahora ofendido delegara sus funciones al señor José León Rivera García,quien recibió la cantidad de $ 6,852 pesos,aunque se asentó en un documento que le debieron entregar $7,552 pesos. Esta cantidad fue utilizada por José León de forma completamente transparente y justificada.

En este sentido,resulta preocupante que el Agente del Ministerio Público haya decido consignar una averiguación previa sin cumplir con los requisitos de procedibilidad,basándose únicamente en documentales privadas y testimonios contradictorios. Por otra parte,es peor que el juez de la causa haya aprobado tales irregularidades,dado una orden de aprehensión,y en su momento,dictando la formal prisión.
En el proceso penal seguido en contra de José León Rivera se encuentran las siguientes irregularidades:

• El delito de Abuso de Confianza se puede perseguir únicamente por querella. Quien se presentó como agraviado no era propietario del dinero. El hoy supuesto ofendido no tiene calidad legal para ser denunciante,pues el dinero tampoco era suyo.

• Los supuestos testigos de cargo desconocen el lugar preciso donde se encuentra el Barrio de Rancho Nuevo. Otros han negado tener conocimiento de la imputación dirigida contra José León.

• Quien tiene la calidad de ofendido,Marcos Zúñiga,aceptó ante la autoridad judicial que no entregó la totalidad del dinero a José León y que nunca justificó gastos hasta por $3,000 pesos.

• En relación al punto anterior,resulta totalmente irregular que se haya omitido la intervención las propias autoridades de Bienes Comunales del Pinalito para solucionar el conflicto,y que no hayan tenido intervención durante el proceso en tanto representantes de la Asamblea.

Ante esta situación,José León Rivera García ha confirmado su inocencia a partir de distintas pruebas que confirman la existencia de materiales de construcción adquiridos por él desde el 2005 para completar las obras.

Por lo tanto,es necesario firmar cuanto antes la  carta dirigida al licenciado Valentín Echavarría Almanza,Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo,en la cual,se le pida que,ante las irregularidades procesales y la insuficiencia probatoria,sea dictada de manera inmediata la sentencia absolutoria a favor de José León Rivera.

¡Entra a la página del Centro Prodh,firma la acción y difúndela en las redes sociales!

 

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Contra la Ley de Seguridad Nacional

Organizaciones de la sociedad civil presentan documento que desmiente la serie “Los 10 Mitos de la Lucha por la Seguridad” de Alejandro Poiré

31 de Agosto de 2011

El día de hoy, 31 de agosto, las organizaciones de la sociedad civil firmantes presentamos el documento “De la descalificación de la crítica a la manipulación de las cifras: 10 Mitos para Justificar una Estrategia Equivocada frente a la Violencia”, cuyo propósito principal es refutar los argumentos presentados en la serie titulada “Los 10 Mitos de la Lucha por la Seguridad”, por Alejandro Poiré, Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

En este documento, las organizaciones buscamos evidenciar las ausencias y mentiras que caracterizan el discurso gubernamental, así como el constante sentimiento de inconformidad que manifiestan millones de mexicanos frente a la Estrategia Nacional de Seguridad. Además, deseamos señalar algunos ejes que tendría contemplar una verdadera estrategia integral de seguridad; por ejemplo, abordar de manera prioritaria las causas socioeconómicas de la delincuencia, la corrupción y los abusos estatales, así como la necesidad de instaurar un nuevo sistema de justicia que termine con la discriminación estructural y las prácticas violatorias de derechos humanos.

Esperamos que el documento contribuya a ser expresión de la voz de las víctimas y de tantas personas que se encuentran sufriendo de forma injusta tanto por las condiciones de pobreza estructural que vive nuestro país, como por una guerra que no tiene sentido ni alcance alguno.

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