28 de febrero de 2011

La privación ilegal de la libertad y el maltrato físico y mental no son una alternativa para el tratamiento de consumo problemático de sustancias.

En diciembre del 2009 las Fuerzas Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF) desmantelaron la  red de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, autodenominada Los Elegidos de Dios, gracias a las denuncias de una de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil, rescatando a 107 personas. 

Los llamados anexos AA; según la Norma Oficial Mexicana 028SSA2-1999 (NOM 028), deben ser regulados por la Secretaria de Salud; sin embargo no se tiene información de cuántos de estos espacios existen a nivel local ni nacional. 

En México el uso de sustancias ilícitas aumentó del 4.6% al 5.2%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones del 2008, tomando en cuenta a la población infantil, mujeres, hombres y adultos.
En 1986, México ratificó la Convención Contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la cual establece que “Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción” (art. 2).  

Sin embargo, el día de ayer, la Procuraduría General de Justicia, detuvo a 6 personas responsables del anexo “Aprendiendo a vivir” ubicado en el centro de Cuajimalpa. En este sitio se violaba el derecho a la libertad así como el derecho a la dignidad humana e integridad física; el periódico El Universal señaló  que “Al ingresar a ese lugar, a quienes no querían estar se les obligaba a estar 48 horas sin dormir, pues de lo contrario les arrojaban baldes de agua fría. “Nos hacían estar en las maratónicas, que significaba estar en vela por dos días, escuchando las experiencias de otros”, contó otro de los afectados”
Saludamos la acción oportuna de la PGJ sobre este caso con el fin último de garantizar un estado de derecho.

Sin embargo, solicitamos que: 

1) Las autoridades federales y locales se coordinen para garantizar el cumplimiento del art. 33de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual señala que debe proteger a las niñas y niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
2) El Estado Mexicano garantice los Derechos Humanos a las personas que tienen un consumo problemático de sustancias.
3) La Secretaría de Salud (SS) supervise y garantice espacios profesionales para la atención a personas con uso problemático de sustancias haciendo cumplir NOM 028 ya que estos lugares rompen con:
- El punto 12 (Prevención y seguimiento) "el seguimiento de los programas y acciones que se realizan en todos los establecimientos permitirá determinar el grado en que se obtengan los resultados esperados, y la medida en que se cumplan los objetivos para los que fueron creado."
-El punto 12.2.4 "reportar las actividades al Consejo Estatal contra las Adicciones, con una periodicidad trimestral, conforme a los procedimientos establecidos por el CONADIC"
4) La PGJ del Distrito Federal realice una investigación imparcial sobre los responsables del anexo "Aprendiendo a Vivir".

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