Recomendación de la CNDH a favor de víctimas de retención ilegal y tortura

BOLETIN DE PRENSA   RECOMENDACIÓN 75/2011 DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A FAVOR DE NOÉ FUENTES CHAVIRA, ROGELIO AMAYA MARTÍNEZ, VÍCTOR MARTÍNEZ RENTERIA, GUSTAVO MARTÍNEZ RENTERIA Y RICARDO FERNÁNDEZ LOMELI.

Ante este clima de violencia en el que vivimos y que ha traído como consecuencia la constante violación a los derechos humanos por parte de diversas autoridades en nuestra comunidad, resulta oportuno dar a conocer por parte de las organizaciones firmantes, la Recomendación 75/2011 emitida por Comisión Nacional de Derechos Humanos, a favor de NOÉ FUENTES CHAVIRA, ROGELIO AMAYA MARTÍNEZ, VÍCTOR MARTÍNEZ RENTERIA, GUSTAVO MARTÍNEZ RENTERIA y RICARDO FERNÁNDEZ LOMELI los cuales sufrieron retención ilegal y tortura por Agentes de Seguridad Publica federal HECHOS El 11 de agosto de 2010 NOÉ FUENTES CHAVIRA, ROGELIO AMAYA MARTÍNEZ, VÍCTOR MARTÍNEZ RENTERIA, GUSTAVO MARTÍNEZ RENTERIA y RICARDO FERNÁNDEZ LOMELI, se encontraban fuera del domicilio de la ex pareja de Gustavo en Ciudad Juárez, ya que habían ido a llevar cosas para el hijo menor de este. En ese momento pasan dos camionetas de la Policía Federal Preventiva y se regresan, los revisan y los detienen sin motivo alguno con lujo de violencia. Los tiran al suelo, los esposan, los suben a las unidades y los conducen a la Estación de Policía Babicora (ante el juez de barandilla o cívico), ahí les dicen que ya no tenían lugar y los trasladan a las instalaciones de la Policía Federal Preventiva en Ciudad Juárez. En dichas instalaciones (que al parecer son bodegas, según el dicho de las víctimas) agentes de la referida institución empiezan a torturarlos y preguntarles para quien trabajan. Los familiares para ese entonces no sabían del paradero de los mismos, por lo cual empezaron a buscarlos, acudiendo a varias instancias, incluyendo hoteles donde se tenía conocimiento se hospedaban personal de la Policía Federal Preventiva, en donde les informaban el desconocimiento del paradero de las víctimas, es así que se acudió a la Fiscalía del Estado de Chihuahua para interponer una denuncia de desaparición. Fue hasta el día 13 de agosto de 2010, cuando uno de los familiares los vio por televisión en donde los presentaban como miembros del cartel de La Línea, acusados de la explosión de un carro bomba, estos ya se encontraban en la Ciudad de México. El día 15 de Agosto de 2010 familiares acuden ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la Ciudad de Mexico -en donde fueron trasladadas las víctimas- ahí los familiares logran ver como fueron torturados, tiempo después los llevaron a una casa de arraigo. Durante los 5 días las víctimas fueron torturadas de diferentes formas (golpes, tortura sexual, asfixia con bolsas de plástico, ahogamiento, amenazas de muerte a ellos y a sus familias, toques eléctricos, arrastrados con automóvil, patadas, insultos y amagos con pistolas), con el fin de que aceptaran los cargos de la explosión de un coche bomba , delincuencia organizada, trafico de drogas y armas. Las lesiones que sufrieron fueron tan graves que fueron atendidos en el hospital donde quedaron internados durante un día. Formalmente fueron acusados de delincuencia organizada, trafico de drogas y posesión de arma de fuego. Actualmente NOÉ FUENTES CHAVIRA y ROGELIO AMAYA MARTÍNEZ, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número cuatro “Noroeste” en el poblado del Rincón en Tepic, Nayarit, y VÍCTOR MARTÍNEZ RENTERIA, GUSTAVO MARTÍNEZ RENTERIA y RICARDO FERNÁNDEZ LOMELI, en Centro Federal de Readaptación Social número cinco “Oriente” en el poblado del Villa Aldama, Veracruz. El juicio se radico en la Ciudad de Guadalajara,  Jalisco. Dado lo anterior, y gracias a la intervención de los familiares, quienes interponen formal queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el día 15 de agosto de 2010, cuyo número es CHDJ/1/2010/4527/Q se derivo en una recomendación con numero 75/2011 en la cual refiere que: I.    Que para el organismo en mención  se violaron los derechos humanos a la legalidad y a la integridad y seguridad personal de NOÉ FUENTES CHAVIRA, ROGELIO AMAYA MARTÍNEZ, VÍCTOR MARTÍNEZ RENTERIA, GUSTAVO MARTÍNEZ RENTERIA y RICARDO FERNÁNDEZ LOMELI, por agentes de Seguridad Publica Federal, que consintió en retención ilegal y tortura. II.    Asimismo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta su preocupación respecto al hecho de que las víctimas, hayan sido presentados ante los medios de comunicación como presuntos miembros de la delincuencia organizada antes de su puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público de la Federación, sin que se declarara su responsabilidad penal mediante sentencia emitida por la autoridad judicial correspondiente, entre otras recomendaciones. III.    Lo anterior violando disposiones tanto Constitucionales como internacionales de protección de los derechos humanos de las hoy víctimas y sus familiares. PUNTOS PETITORIOS Dado lo anterior, exigimos que el Gobierno Mexicano, en particular el Ing.  ING. GENARO GARCÍA LUNA, Secretario de Seguridad Pública Federal: 1.    De cumplimiento a la Recomendación 75/2011, la que establece reparación de daños a la victimas, a decir se proporcione el tratamiento médico y psicológico tendiente a reducir los padecimientos, asimismo la restitución de la fama y el buen nombre de la victimas. 2.    Garantice la seguridad e integridad física y psicológica tanto de la victimas que se encuentran en los reclusorios mencionados como a sus familias, así como a las organizaciones que los representan. 3.    Exigimos al Estado Mexicano que no haga uso de la tortura como una herramienta para obtener información en la investigación de los delitos y/o para que las personas se auto inculpen asegurando la aplicación de la legislación nacional e internacional de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, firmadas y ratificadas por México. 4.    Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la presentación y el seguimiento a la denuncia de hechos que se formulen ante la Procuraduría General de la República a fin de  que inicie la averiguación previa que en derecho corresponde por tratarse de servidores públicos federales, cuya conducta motivo la recomendación que nos ocupa. 5.    Que se asegure las formalidades de juicio jurídico conforme a derecho, es decir de forma imparcial e independiente. ATENTAMENTE:Centro de Derechos Humanos Paso del Norte AC. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.   Ir a la Fuente

Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos

San Cristóbal de Las Casas, a 9 de diciembre de 2011 

Pronunciamiento del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos 

Reunidos en el marco del día internacional de los derechos humanos, los días 8 y 9 de diciembre de 2011, para discutir las problemáticas y los desafíos para la vigencia de los derechos humanos en la región, las defensoras y defensores de derechos humanos de las organizaciones participantes hacemos el siguiente pronunciamiento. 

Constatamos que la vida de las comunidades indígenas y campesinas presenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando una mayor pobreza y rompimiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y descontento. A la vez, vemos como las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país, condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o por grupos criminales solapados por los primeros. El descontento y la indignación han generado respuestas organizadas de protesta social que sin embargo son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. 

En cuanto a la defensa de los territorios de comunidades indígenas y campesinas y al derecho a la libre determinación: 

Constatamos las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas, el gobierno federal y empresas particulares, constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.

Expresamos nuestra preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, Chiapas cuya concesión se encuentra en manos de una empresa minera canadiense y que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de esta mina ha afectado el medio ambiente de las comunidades aledañas y no ha respetado el derecho a la consulta de los pobladores, por lo que nos sumamos a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación. 

Rechazamos el programa REDD Plus impulsado por el gobierno chiapaneco y el gobierno federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común como lo es el aire puro y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despojo territorial y despojo social en la Selva Lacandona, que implica el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas. 

Nos pronunciamos en contra de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresamos nuestra preocupación por que esta política de reubicación, sea una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades afectadas, como es el caso del anuncio de la construcción de la quinta presa sobre el Río Grijalva en el municipio de Copainalá y la construcción de una Ciudad Rural en el mismo municipio, o la Ciudad Rural en Ixhuatán en construcción donde se han denunciado presuntas prospecciones mineras. 

Exigimos sea atendida la recomendación del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, en su reciente visita a Chiapas para que dichas ciudades sean evaluadas desde parámetros de derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales, culturales, y de Pueblos Indígenas. 

Nos sumamos a la exigencia de tarifas justas de electricidad, dado que la política de cobro irracional e injustificado de la CFE, dañan enormemente la economía familiar de familias sumidas en la pobreza extrema y promueve la división y deterioro del tejido social. Mientras ella ocurra sostenemos que les sustenta el legítimo derecho a la resistencia civil y pacífica de comunidades campesinas, indígenas y urbanas, y las alentamos a fortalecer sus lazos solidarios. 

Denunciamos el terrible deterioro ecológico de los Pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra también se han visto afectadas por la explotación descuidada de PEMEX contaminándolos; la mala administración del manejo hidráulico del gobierno del Estado y CONAGUA, que han desviado el agua del municipio de Villahermosa hacia los Pantanos, obligando a los pobladores a permanecer inundados prácticamente de manera permanente por cinco años consecutivos. 

Nos solidarizamos con la lucha de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) en contra de las empresas eólicas de capital español, que bajo el pretexto de la energía verde y a través de supuestas empresas mexicanas, despojan a los campesinos zapotecos de sus tierras y territorios; de igual modo nos solidarizamos con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la Región de los Chimalapas y hacemos votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, encuentren los acuerdos de convivencia pacífica que han buscado. 

Saludamos la batalla ganada por la comunidad indígena de Cherán al hacer valer sus derechos políticos como pueblo Indígena ante el sistema corrupto de partidos, hacemos votos por que su ejemplo sea seguido por muchos más. A la par repudiamos los asesinatos sistemáticos en contra de sus representantes comunitarios y la ineptitud de los gobiernos federal y de Michoacán para detener a los culpables y brindarles protección. 

En cuanto a las problemáticas de migración: 

Es indudable que la movilidad humana se presenta de manera forzada; ya que la pobreza y la marginación de las comunidades y países de origen hacen que las personas emprendan un viaje en el que gracias a la criminalización, la falta de protección y limitada atención integral a la población migrante, se ponen en riesgo derechos fundamentales como el de la vida y la libertad.

A unos meses de haberse aprobado la Ley de Migración y en medio del proceso para el diseño del reglamento a la misma, las organizaciones de la sociedad civil continúan exigiendo una participación en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas, nos solidarizamos con las exigencias de desvincular el tema de seguridad nacional al tema migratorio ya que de esta manera se promueve la criminalización de la migración y de personas defensoras, además de que alienta la impunidad y la discrecionalidad de las autoridades de distintos niveles y de diversas corporaciones. 

Las condiciones en las que se da la migración ponen en riesgo los derechos no sólo de quien migra, sino de mujeres, niñas, niños y adolescentes que se quedan en comunidades de origen a realizar actividades vulnerando otros derechos como los de la identidad, la autodeterminación, la salud, el trabajo en condiciones dignas, justas y equitativas, la educación, entre otros. 

También son bien conocidos los riesgos a los que se enfrentan migrantes centroamericanos que en búsqueda de mejores oportunidades de vida, se enfrentan a actos como el secuestro y las desapariciones, en los cuales muchas veces existe connivencia entre distintas autoridades y el crimen organizado, además de enfrentarse a privaciones de libertad en donde los derechos de debido proceso son violentados de manera reiterada. Esto agudiza y promueve un ambiente de discriminación, incertidumbre y violencia sistematizada e institucional hacia las personas migrantes y hacia defensoras y defensores de derechos humanos. 

Otras situaciones que no son ajenas para los gobiernos de Estados Unidos y México, es la falta de acceso a derechos fundamentales como a la salud, condiciones dignas, justas y equitativas de trabajo, vivienda, identidad, acceso a programas sociales, entre otros; debido en muchas ocasiones a la condición migratoria, la raza, la nacionalidad y/o el color de piel. 

Finalmente se hace un llamado a los gobiernos de los países de origen, tránsito y destino para que se retome el tema migratorio desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, y se conciba como una responsabilidad compartida la cual debe ser abordada de manera interinstitucional, partiendo de los principios de universalidad e interdependencia de los derechos. 

Relativo a la situación de jóvenes, 

Reconocemos que es necesario empezar a construir relaciones de respeto con las y los jóvenes, donde se les reconozca como sujetos de derechos, individuos autónomos y con capacidad de decisión y autodeterminación sobre sus proyectos de vida. 

Identificamos que, aun cuando hay condiciones estructurales, como la violencia intrafamiliar e institucional, que impiden las relaciones simétricas entre generaciones, es indispensable tender puentes que aminoren la brecha entre jóvenes y adultos. Canales de comunicación que permitan transmitir la cultura y los modos de vida que pueden garantizar la continuidad de nuestras comunidades y la construcción de lazos solidarios entre generaciones. 

Por otro lado, hacemos un llamado a la necesidad de incorporar a las y los jóvenes a los espacios de toma de decisiones, públicos y privados, para comenzar a construir proyectos que, verdaderamente, les involucren y con los que se identifiquen. 

Concluimos que las problemáticas de la juventud son asuntos públicos que nos competen a todos y que no pueden resolverse sólo desde el trabajo con grupos de jóvenes. Ante las situaciones de discriminación, criminalización y hostigamiento hacia las y los jóvenes, no podemos permanecer callados como sociedad civil. Enfatizamos el hostigamiento y persecución de la que son objeto jóvenes en su labor como defensores de derechos humanos. Nos solidarizamos con jóvenes defensores como el compañero Nataniel Hernández Núñez, Director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien esta exiliado por tener 5 procesos penales construidos por el gobierno, ante ello exigimos la cancelación de todos los procesos, ya que estos demuestran la represión y el hostigamiento hacia su trabajo como defensor. 

En cuanto a las mujeres y las relaciones de género: 

Reconocemos que la inequidad entre hombres y mujeres persiste aun a pesar del discurso político gubernamental, que se refleja a través de la discriminación y la violencia estructural hacia las mujeres, ante esto somos un grupo de organizaciones en un proceso de construcción y transformación, quienes reivindicamos cada una nuestro propio proceso organizativo retomando y trabajando los cinco temas de cada mesa, reconociendo la autonomía a la que tenemos derecho. 

A pesar de que el Estado hostiga, obstaculiza y reprime los procesos sociales, no impedirá que las y los defensores de derechos humanos continuemos acompañando procesos organizativos en la búsqueda de la transformación para lograr la autonomía individual y colectiva. 

Finalmente, 

Exigimos a las autoridades poner un alto al hostigamiento y criminalización hacia defensoras y defensores de migrantes que realizan su labor ya sea de manera individual o a través de casas, albergues y centros de derechos humanos. Nos solidarizamos en particular con Fray Tomás González, director de la Casa del Migrante “La 72” y del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta en Tenosique, Tabasco, que ha sido hostigado por funcionarios de migración y del ejército mexicano, así mismo con el padre Alejandro Solalinde y la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca. 

Repudiamos los asesinatos, amenazas y hostigamientos a las y los periodistas, ocurridos a manos de autoridades o del crimen organizado. La labor de las y los periodistas no sólo es el ejercicio de

la libertad de expresión, en muchas ocasiones es también una forma de defensa de los derechos humanos. Expresamos nuestra solidaridad con el periodista Juan Ignacio Chávez López, Director del noticiero NN de Frontera y Centla, Tabasco, quien fue golpeado por el presidente municipal de Centla, Aquiles Reyes Quiróz el día 14 de noviembre, en represalia por las denuncias que ha hecho por la corrupción que se maneja en la administración. 

La defensa de los derechos humanos es la defensa por la vida de nuestros pueblos, en libertad, justicia y equidad. 

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)

Unidos para Trabajar, S.P.R

Centro de Derechos Humanos Oralia Morales

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC

Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH)

Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.

Casa de la Mujer Ixim Antsetic, A. C.

Frente Cívico Tonalteco

Organización Cultural Indígena

Grupo 67 de Amnistía Internacional México

Melel Xojobal A.C.

Centro de Educación Integral de Base, A.C. (CEIBA)

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Yach´il Antzetic

Colectivo ADHESIVA

Ixiktak Yinikoj Aj Juche Buka, A.C.

Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género

Maderas de Pueblo del Sureste, A.C.

Convocatoria Foro Regional de Derechos Humanos‏

Estimados y estimadas colegas,

Para este fin de año y en el contexto del día internacional de los derechos humanos y de las y los defensores, convocamos a este Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos que se llevará a cabo el 8 y 9 de diciembre en CIDECI en San Cristóbal de Las Casas.

El día 8 discutiremos en mesas, las actuales problemáticas, necesidades y posibles líneas de acción en los siguientes temas:

Migrantes y políticas de migración

Territorios y recursos naturales

Diálogo y relaciones de género

Diálogo y relaciones intergeneracionales

Defensores y defensoras de Derechos Humanos

El día 9 se realizará un Foro público donde las organizaciones presentarán información, denuncias, materiales y/o testimonios sobre las problemáticas que están trabajando en los mismos temas señalados.

 Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C.