Defensor indígena detenido y en riesgo de enfrentar un proceso judicial injusto

Un defensor de los derechos humanos del grupo indígena Na Savi (conocidos en español como Mixteco), ha sido arrestado por la policía ministerial en el suroeste de México. Él está en peligro de enfrentar un juicio injusto. 

Maximino García Catarino, miembro de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), quien se suponía debía recibir protección del Estado por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue arrestado por la policía ministerial mientras se encontraba en casa con su familia la tarde del 21 de enero. De acuerdo con una Organización No Gubernamental (ONG) local, la policía no mostró ninguna orden de aprehensión, y tampoco le informó el motivo del arresto. Pero, mientras era conducido hacia la ciudad de Ayutla de los Libres, los policías le dijeron que había una orden de aprehensión en su contra por el asesinato de Juan Teodoro García. También le preguntaron sobre el paradero de otros indígenas mixtecos y otros líderes de la OFPM. Cuando Maximino García Catarino se negó a responder, la policía lo golpeó y pateó brutalmente. 

De acuerdo con los abogados defensores, después de su detención, la policía y los fiscales retrasaron ilegalmente la presentación de Maximino García Catarino ante un juez para prestar su declaración. Amnistía Internacional ha documentado casos de activistas indígenas en Ayutla de los Libres que enfrentan cargos criminales falsos y pasan varios años en prisión, debido a que les fue negado el derecho a un juicio justo. 

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma: 

· Pidiendo a las autoridades investigar las denuncias de malos tratos y tomar medidas para prevenir futuras torturas hacia Maximino García Catarino, mientras éste se encuentra en custodia.

· Pidiendo a las autoridades que garanticen su derecho a un proceso judicial justo, incluyendo el derecho a una defensa efectiva y el acceso a una corte imparcial, y asegurar que los cargos que se le imputan no responden a motivaciones políticas. 

· Recordando a las autoridades su obligación de respetar los derechos humanos de los defensores y asegurar que ellos sean capaces de llevar a cabo sus legítimas actividades sin miedo a represalias.

Información adicional 

Los defensores de derechos humanos son frecuentemente sujetos de ataques e intimidación, incluidos cargos criminales falsos y políticamente motivados. Los defensores indígenas han sido particularmente vulnerables a enfrentar cargos criminales falsos dado que se oponen a poderosas figuras locales quienes dominan sus comunidades, también llamados caciques, quienes en ocasiones se encuentran coludidos con policías y fiscales para fabricar evidencia y acusar falsamente a sus oponentes. Amnistía Internacional ha documentado estos casos en el municipio de Ayutla de los Libres . En 2008 la organización adoptó a Raúl Hernández (Organización del Pueblo Indígena Me´phaa OPIM) como prisionero de conciencia. Él pasó más de dos años en prisión por cargos de asesinato antes de que fuera absuelto, luego de una campaña internacional. En 2009 Raúl Lucas y Manuel Ponce de OPIM, organización hermana de OFPM, fueron secuestrados, torturados y asesinados por hombres armados, sospechosos de actuar en colusión con autoridades locales. Nadie ha sido llevado ante la justicia por estos homicidios. 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 14 DE MARZO DE 2012, A:
Gobernador del Estado de Guerrero
Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero
Palacio de Gobierno, Edificio Centro
2do. Piso, Col. Ciudad de los Servicios
C.P. 39074 Chilpancingo
Guerrero,México
Fax: +52 747 471 9956
Email: contacto@guerrero.gob.mx
Tratamiento: Sr. Gobernador
Secretario de Gobernación
Dr. Alejandro Poiré Romero
Bucareli 99, 1er. Piso Col. Juárez
C.P. 06600
México, D. F.
Fax: +52 55 5093 3414
Email: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Estimado Secretario

Envía copias a:
Centro de Derechos Humanos de la
Montaña "Tlachinollan"
Email: tlachi.internacional2@gmail.com

Envíen también copia a la representación diplomática de México acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación

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Más del 70% de agresiones a defensoras de derechos humanos tienen componentes de violencia de género

México D.F., 19 de enero de 2012 (Cencos).- El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Asociadas por lo Justo (JASS), en conjunto con La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentaron el libro "Defensoras de derechos humanos en México: Diagnóstico 2010-2011 sobre las condiciones de riesgos que enfrentan en el ejercicio de su trabajo".

El  propósito del diagnóstico, que hace un análisis cualitativo sobre la violencia que viven las defensoras de Derechos Humanos al realizar su trabajo, es dar visibilidad al riesgo que corren por su labor, las condiciones en las que trabajan e identificar aquellas estrategias que resultan útiles para autoprotegerse y fortalecer su activismo.

Algunos datos del diagnóstico señalan que las defensoras que son más vulnerables a sufrir agresiones son indígenas, jóvenes, y de escasos recursos económicos. Asimismo, el 76 % de las defensoras reconocen especificidades de género en la violencia que viven al enfrentar su trabajo, siendo la violencia sexual la principal forma de violencia específica.

Las organizaciones responsables de la publicación consorcio para al diálogo Parlamentario y la Equidad en Oaxaca A.C., la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., y Asociadas por lo Justo puntualizaron que con el diagnóstico presentado se busca “reconocer, visibilizar  y generar solidaridad y una cultura de protección social a las defensoras de derechos humanos por su importancia en la construcción de un Estado de derecho democrático”.

El diagnóstico fue elaborado a través de la sistematización de las respuestas de cincuenta defensoras de derechos humanos mexicanas durante el 1er Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y las Memorias de los Encuentros Nacionales de defensoras. 

a presentación contó con la presencia del Luis González Placencia, presidente de la CDHDF,  que durante la bienvenida señaló que el año 2011, especialmente los últimos meses, fue difícil para los defensores y defensoras de derechos humanos y recordó el caso de Norma Andrade, fundadora de la Organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa que fue agredida el 2 de diciembre, afirmando que el clima de las agresiones a los defensores y en especial a las defensoras hace que publicación del diagnóstico tenga especial relevancia.

Durante la presentación se mostró un video en el cual defensoras de diferentes estados de la República Mexicana cuentan su experiencia, las razones por las que decidieron ser defensoras, los riesgos a los que se enfrentan en su labor y las características de las agresiones por su condición de género.

Asimismo, se contó con la participación de seis defensoras de derechos humanos: Graciela Ramos de Mujeres por México en Chihuahua, Felicitas Martínez de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Valeria Scorza de Prodesc A.C., Blanca Velásquez Díaz del Centro de Apoyo al Trabajador A.C., Ana Karén López de Tamaulipas Diversidad Viihvida Trans A.C. y Yunuhen Rangel Medina de Comunicación e Información de la Mujer A.C. Las defensoras hablaron sobre los retos y obstáculos que enfrentan durante su labor al defender diferentes tipos de derechos.

Video realizado por las organizaciones en el 1er encuentro de defensoras de derechos humanos en México. Centro Nacional de Comunicación Social

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Desalojo de familias guatemaltecas en Tenosique, Tabasco

 

El día 9 de enero a las 5 de la mañana fuerzas federales desalojaron a las familias de guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique, Tabasco, violando con esto sus derechos humanos. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.

 

En el operativo participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y Policías municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.

Las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos para los funcionarios que participaron en el operativo. Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Los testimonios de personas que no fueron detenidas refieren que hubo incursión de los policías a territorio guatemalteco para detener a más personas, mientras que vecinos mexicanos que se solidarizaron y exigían explicación por tal proceder, fueron amenazados con ser detenidos. Además, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

 

Se tiene conocimiento que dos personas de origen guatemalteco fueron detenidas por las Fuerzas Federales, y después de incomunicadas, trasladadas a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tenosique, Tabasco.

Antecedentes:

 

El 23 de agosto, la comunidad de Nueva Esperanza fue obligada a abandonar sus tierras por miembros del ejército guatemalteco y la Policía Nacional. No recibió notificación previa del desalojo, ni tampoco un alojamiento alternativo. Las autoridades alegan que la comunidad tenía que ser desalojada de esas tierras porque se trata de una zona de protección medioambiental. Durante el desalojo, las casas, la escuela y la iglesia de la comunidad fueron incendiadas.

A consecuencia del desalojo, los 300 habitantes de la comunidad, entre los que se encuentran más de un centenar de niños y niñas y varias mujeres embarazadas, buscaron refugio al otro lado de la frontera con México, en la comunidad de Nuevo Progreso, estado de Tabasco.

Las negociaciones entre la comunidad y el gobierno guatemalteco han progresado lentamente. El gobierno, hasta ahora, ha ofrecido a la comunidad unas tierras mucho más pequeñas, y se ha negado a otorgarle indemnización por las tierras y los bienes perdidos.  

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