RECHAZAMOS LA REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESTADO POLICÍACO-MILITAR

Los grupos parlamentarios del PAN y el PRI emitieron un proyecto de dictamen en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Este proyecto modifica lo referente a dicha reforma en el sentido de que el Presidente solicite la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral, social o del trabajo cuando lo considere una amenaza a la seguridad interior. Esta reforma también brinda atribuciones a militares, marina y CISEN para realizar tareas de espionaje. La Ley sitúa en la misma clasificación al crimen organizado y a los movimientos de carácter político, social y electoral. Permite que el Ejército revise las pertenencias de los particulares en las calles y que para requerirles información utilice “cualquier herramienta que resulte necesaria”. Prevé informantes anónimos del ejército y usar “cualquier método de recolección de información”. Bajo el concepto de “prevención social” la reforma pretende que la ciudadanía este obligada a colaborar en investigaciones judiciales y militares. Esto significaría una suspensión de garantías sin la necesidad del decreto de estado de excepción.

La reforma solamente enuncia el respeto a los derechos humanos, pero abre la puerta a que sean violados de manera “legal”. Hay contradicciones en el planteamiento de la reforma que en conjunto con el momento en que se está queriendo aprobar nos hace pensar que la intención de fondo no es únicamente el combate al crimen organizado sino el camino a un golpe de estado por vías legislativas y al establecimiento de un estado policiaco. Esta reforma pretende ser aprobada antes del 30 de abril, durante el período vacacional.

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