El trece de agosto de 2001 fueron detenidos y torturados en México Distrito Federal Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras y Pablo Alvarado Flores. Los tres primeros estudiantes de la UNAM, el último indígena vendedor en mercados ambulantes.
Con estas detenciones que se llevaron a cabo sin orden de aprehensión e infligiendo tortura contra los detenidos, el gobierno de Vicente Fox pretendía resolver el caso de diferentes explosiones en bancos de la Ciudad de México, que habían sucedido cinco días antes. Sin embargo, en realidad, con dichas detenciones sólo le dio continuidad a su política de violación a los derechos humanos que cobró otras víctimas, entre ellas Digna Ochoa y Plácido, abogada que defendió a los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, quien fue asesinada el 19 de octubre de 2001.
En aquél año pocas organizaciones creyeron que el caso de los hermanos Cerezo Contreras y el señor Pablo Alvarado sería un caso más de violación a los derechos humanos entre los muchos otros –y de mayor gravedad- que ocurrían en aquel entonces. La mayoría quería creer que la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del 2000 por la presidencia cambiaría las cosas en materia de derechos humanos, pues el Partido Acción Nacional (PAN) y Vicente Fox llegaban a la presidencia con un discurso en el cual se expresaba la voluntad de garantizar el respeto a los derechos humanos e incluso de investigar las violaciones y castigar a los responsables.
Diez años de gobierno del PAN: seis años a cargo de Vicente Fox y cuatro y medio al mando de Felipe Calderón se han encargado de demostrar que el caso de violación a los derechos humanos que dio origen a nuestra organización es sólo uno de una larga -muy larga ya- cadena de graves violaciones a los derechos humanos en el país; que nuestro caso no fue ni es un caso aislado y que esa larga cadena de violaciones a los derechos humanos nos da elementos para pensar que son producto de una política sistemática del Estado mexicano.
Afirmamos que dicha política emana del Estado mexicano porque los gobiernos del PRI actuaron con la misma política de represión por motivos políticos y de control social, con sus particularidades y formas específicas por supuesto, pero que también arrojó víctimas de ejecución extrajudicial, masacres, desapariciones forzadas, tortura y amenazas: la masacre del 2 de octubre de 1968, la del 10 de junio de 1971, la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, la de Acteal, Chiapas en 1997, la del Charco, Guerrero en 1998 etcétera.
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